Argitan y Berri-Otxoak exigen a las administraciones frenar este desahucio y dotar a esta mujer de una alternativa habitacional digna, como obliga la actual legislación.
Agitan y Berri-Otxoak denuncian ante las oficinas de Alokabide en Bilbao el procedimiento de desalojo instado contra una mujer que posee un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales y orden alejamiento en vigor por ser víctima violencia machista.
La Red de Apoyo Mutuo BATU hace un llamamiento el 25 de noviembre a las 8:30am al número 3 de la calle Olatxu en el barrio de Abusu para evitar esta injusticia.
Protesta contra los recortes a las prestaciones que perciben familias monomarentales, mujeres víctimas violencia machista, trabajadoras en precario, viudas o mujeres desempleadas.
Tras ralentizarse la entrega de lotes de comida de los Bancos de Alimentos, Berri-Otxoak denuncia que el Ayuntamiento no ha dispuesto de ninguna medida para paliar esta situación.
Exigen a Iñaki Arriola, Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, el cumplimiento de la legislación que obliga al acceso a una vivienda a mujeres que llevan meses acogidas en servicios temporales para víctimas de violencia de género.
La orden de desahucio estaba fijada para el 29 de abril a las 9.15 horas y ni el Ayuntamiento de Barakaldo, ni Etxebide-Gobierno Vasco habían ofrecido una alternativa habitacional.
Con la fecha del desahucio fijada en pleno estado de alarma y a un mes de su ejecución, "ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional”.
AZALAK Elkartea, CNAAE Euskadi y el Movimiento Panafricano de Bilbao piden a través de una carta al Consorcio de Transportes de Bizkaia, Metro Bilbao, Euskotren, Bizkaibus, Renfe Cercanías Bilbao, y a las empresas de publicidad que contratan, que retiren la fotografía de un menor en la campaña publicitaria de vacunación llevada a cabo por Médicos Sin Fronteras.
La orden de desahucio fijada para el 21 de mayo a las 9.15 horas, ha sido instada por la sociedad pública de alquiler Alokabide, sin que el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico hayan ofrecido una alternativa habitacional.
