Pasados 2 meses del desahucio ejecutado desde las administraciones públicas los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco incumplen la normativa que obliga a garantizar una alternativa digna a mujeres víctimas de violencia machista, y con menores a cargo.
El 31 de enero fue desalojada de su vivienda una mujer con tres hijos menores a cargo de 5, 11 y 14 años, con acreditación de víctima violencia machista y orden de alejamiento en vigor. Esta mujer lleva acogida un mes en un recurso para mujeres víctimas de violencia machista.
Argitan y Berri-Otxoak exigen a las administraciones frenar este desahucio y dotar a esta mujer de una alternativa habitacional digna, como obliga la actual legislación.
Agitan y Berri-Otxoak denuncian ante las oficinas de Alokabide en Bilbao el procedimiento de desalojo instado contra una mujer que posee un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales y orden alejamiento en vigor por ser víctima violencia machista.
Vecinas de Erribera 9 y el Sindicato de Viviendas AZET han denunciado que tres familias tendrán que abandonar sus viviendas a consecuencia de la enésima operación especulativa en el Casco Viejo de Bilbao.
La Red de Apoyo Mutuo BATU hace un llamamiento el 25 de noviembre a las 8:30am al número 3 de la calle Olatxu en el barrio de Abusu para evitar esta injusticia.
Amaia, ex-concejal socialista de 53 años, murió trágicamente un día 9 de noviembre de 2012 tras arrojarse por la ventana cuando la comisión judicial iba a proceder al desahucio de su vivienda.
La mayoría de los desalojos de vivienda en propiedad siguen siendo impulsados por Kutxabank y La Caixa, entidad financiera que desalojó a Egaña hace 9 años.
El Sindicato de Inquilinas de Bilbo asegura que tras haber agotado los recursos que se podían interponer en los juzgados, el juez decretó la fecha exacta del desahucio, donde pretenden dejar a Pilar, Ramón y su hijo en la calle.
Para evitar que Carlos, un pensionista de 61 años se quede en la calle, el Sindicato de Inquilinas - Maizterren Sindikatua ha propuesto realizar un contrato de alquiler de acuerdo a la ley y basado en los Derechos Humanos.
