Berri-Otxoak asegura que el último borrador de ley presentado por la Consejera de Empleo y Trabajo, ahonda aún más en los recortes de su partido del 2012, en la anterior crisis económica y social.
El entonces director general de Lanbide, Borja Belandia, aseguró que “ninguna de las personas que presentaran su solicitud a través de Lanbide vería minorados sus derechos”. Esa promesa no se ha cumplido y las consecuencias están siendo desastrosas.
Berri-Otxoak denuncia que “los salarios del equipo de gobierno conformado por una veintena de personas se ha incrementado este año en un 3%; sólo los sueldos de alcaldesa y concejales liberados pasa a ser de 1,13 millones de euros, Seguridad Social a parte”.
Con la fecha del desahucio fijada en pleno estado de alarma y a un mes de su ejecución, "ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional”.
La orden de desahucio fijada para el 21 de mayo a las 9.15 horas, ha sido instada por la sociedad pública de alquiler Alokabide, sin que el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico hayan ofrecido una alternativa habitacional.
Denuncian que Lanbide, el organismo gestor del IMV en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Berri-Otxoak asegura que mientras los Ayuntamientos de Sestao, Getxo y Bilbo aumentan sus presupuestos para hacer frente a la crisis económica de la covid-19, el de Barakaldo recorta el suyo en un 3,8% a pesar del colapso de sus servicios sociales
Berri-Otxoak alerta que desde el 15 de febrero, fecha en la que se abrió el plazo para solicitar estas ayudas, se concedió cita a 1.657 familias y la entrevista se concertaba para el martes 11 de mayo. Un día después, las citas ya se estaban concediendo para el 3 de junio.
Protesta de Berri Otxoak contra el recorte de cuantías, endurecimiento de requisitos y retraso en la apertura del plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia.
Para Berri-Otxoak “todos estos hechos dejan patente el lugar que ocupan las necesidades de las familias en la escala de prioridades del gobierno local que no duda en aumentar el número -y nóminas- de cargos de confianza, administrativos y asesores a la mínima ocasión”.
