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Acusan al Ayuntamiento de Barakaldo de negar el acceso a más de 30 personas sin hogar al albergue municipal

Berri-Otxoak denuncia que estas personas están en riesgo de morir por hipotermia o sufrir agresiones de género y aporófobas.

Activistas de la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak se han concentrado para denunciar que el Ayuntamiento de Barakaldo, pese a las abundantes precipitaciones y bajas temperaturas.

La protesta se produce ante el hecho de que, según datos oficiales del Consistorio, el refugio invernal sólo atiende a menos de la mitad de las 70 personas que no tienen domicilio. En concreto, atiende a 34 personas en las instalaciones situadas en los bajos del polideportivo de Lasesarre.

“El Ayuntamiento deja a más de la mitad de estas personas sin cobijo. No olvidamos que en plena pandemia el Consistorio inhabilitó el albergue municipal específico para mujeres sin hogar a pesar de tener demanda y es evidente que está a años luz de otros municipios en inversión para la solución de la problemática de las personas sin hogar”, afirma Berri-Otxoak.

Al respecto, el colectivo social ha destacado que Bilbao cuenta actualmente con 635 plazas para albergar a personas sin hogar: 204 son permanentes y están repartidas por distintos barrios de la ciudad. La capital, llegada la temporada invernal, en diciembre de 2020, habilitó 55 plazas más y debido a la ola de frío, que acompañó al temporal ‘Filomena’, dispuso otras 87. Por último, en colaboración con el Gobierno Vasco y otras diez entidades, la villa acondicionó otras 290 plazas tras la llegada del coronavirus que siguen al completo.

«Teniendo en cuenta el número de habitantes de Bilbao y de Barakaldo, los recursos aportados por el Ayuntamiento de Barakaldo para las personas sin hogar son ínfimos a los aportados por la villa”, subraya Berri-Otxoak. «No queremos a ninguna persona durmiendo en calle. Tener una vivienda donde guarecerse es un derecho humano y no dejaremos de luchar hasta que ese derecho se haga efectivo”.

Berri-Otxoak surgió hace 28 años, en 1992, y en sus casi tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.

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