Reportajes

Por Laura Fontalba

El sindicato de vivienda AZET, la Oficina de Okupación de Bilbao y la comparsa Kranba! han lanzado el argumerantario Sobran motivos para okupar. Basado en el Argumentario del Movimiento de Okupación escrito en octubre de 2014 por la Oficina de Okupación de Bilbao, pretende ser una herramienta con la que hacer frente a los intentos de «criminalización» de los medios de comunicación.

Con este argumentario, pretenden demostrar que no se okupa «cualquier casa», ni existe responsabilidad total para los propietarios, ni se «lía parda» por okupar y mucho menos disminuye la seguridad de los barrios. A lo largo del mismo, presentan varias respuestas a todas estas «excusas», la mayoría fruto de una falta de información «veraz y objetiva».

Con el principal objetivo de que esta herramienta sea «eficaz, útil y válida para cualquier persona afín a la okupación y que quiera defenderla a través de la pedagogía», presentan cómo, en el contexto actual, la gentrificación, la especulación inmobiliaria y el rentismo amenazan la continuidad de la vivienda «como medio de vida básico». De hecho, relatan que, en los últimos cinco años y sólo en la Comunidad Autónoma Vasca, las viviendas destinadas a uso turístico han pasado de 2.617 a 4.478, probablemente a consecuencia de que «la rentabilidad de los alquileres turísticos es tres veces mayor a la de uno convencional». Una realidad que ha hecho que la vivienda se convierta en «un bien de mercado de acceso limitado», situación que falsamente se ha intentado «combatir» con planes como la última Ley de Vivienda, que actúa como una «tímida reforma electoralista» en la que no se recoge a la mayoría de personas con dificultades para acceder a una vivienda digna (precarizadas, quienes sufren racismo inmobiliario, quienes pagan por padrón o se ven obligadas al subarriendo). Es en ese punto en el que actúa la okupación para responder contra la propiedad privada, la explotación y la mercantilización de la vida; y presentarse como una práctica «autónoma y autogestionada de procurarse una vivienda y generar espacios autogestionados que sostengan el tejido y la organización popular».

Catalogar la okupación como un delito o defender la propiedad privada como un «derecho absoluto» son las posturas más repetidas. Pero, «¿quién decide qué es delito y por qué?», se preguntan estos colectivos. La okupación no comenzó a ser un delito hasta la reforma del Código Penal de 1995, cuando se empezó a reivindicar el uso social de los espacios. «¿Es legítimo especular, aunque no se violen las leyes, mientras haya gente que no tiene dónde vivir? (…) La insumisión antes también era un delito y ahora no lo es», plantean a lo largo del argumentario. Lo mismo ocurre con la creencia de que la propiedad es un «derecho absoluto», cuando no es así, pues en el segundo apartado del Artículo 33 de la Constitución Española se limita el contenido de la propiedad al uso social de la misma. Aunque no hay una definición legal de «uso social», sino que este se delimita por leyes en función de las circunstancias y derechos sociales, estos colectivos ven lógico pensar que, en la situación que vivimos (viviendas vacías, personas desahuciadas, imposibilidad de la mayoría de las personas de acceder a una vivienda digna sin trabajar como una esclava…), «esas circunstancias y necesidades sociales deberían ir encaminadas a limitar el derecho de la propiedad».

Asimismo, apoyándose en el artículo 47 de la Constitución Española que señala que: «Todxs lxs españolxs tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho», estos colectivos consideran que «si conjugamos el derecho a la propiedad (entendida como función social) y el derecho a la vivienda, queda claro quién gana o, al menos, debiera de ganar». «El movimiento de okupación no busca sólo salidas individuales, sino que reivindica el derecho a una vivienda digna para todxs. Nadie debería trabajar como unx esclavx para pagar un derecho básico. La okupación sólo se da en la medida en la que hay casas vacías y gente sin casa», explican.

Con este argumentario sostienen que la okupación es legítima desde el momento en el que actúa para «hacer frente a la especulación inmobiliaria y ejercer el derecho a la vivienda o al uso colectivo de otro tipo de espacios que no son vivienda». «No es una cuestión de legalidad, sino una cuestión de posicionamiento político ante dos realidades totalmente contrapuestas», sentencian estos colectivos que exigen «casas y vidas dignas, libres de violencia capitalista, machista y racista».