– Ni el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una solución a la familia.
– Más de 1.500 familias han sufrido un desahucio desde que hace siete años se suicidara la vecina de Amaia Egaña cuando la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso.
La asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, se han concentrado ante las oficinas de ALOKABIDE en Bilbao, para informar que el juzgado de Barakaldo ha dado un ultimátum hasta el próximo martes 26 de noviembre a la mujer de 41 años con dos hijos 6 y 15 años y víctima de violencia machista que será desahuciada de su piso de alquiler por petición del Gobierno Vasco. Denuncian que la medida legal implica que la expulsión del domicilio se puede producir en cualquier momento a partir de la semana próxima.
Argitan y Berri-Otxoak han informado que el magistrado del juzgado de primera instancia de lo civil ha requerido a la afectada que “justifique la tramitación de una vivienda municipal de alquiler social”. La exigencia judicial se produce a pesar de que ni el Ayuntamiento ni el Gobierno Vasco han ofrecido ninguna opción a esta familia y ni siquiera han atendido la petición de la mujer para mantener una reunión.
Según han explicado las dos organizaciones sociales barakaldesas, la mujer vive “angustiada” desde que, antes del verano, se le comunicara que se iba a proceder al desahucio. El 30 julio se aplazó dos meses hábiles. Durante este periodo, esta madre con dos hijos menores ha intentado repetidamente, sin lograrlo, ser recibida y obtener propuestas de los servicios sociales del Ayuntamiento y del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Ninguna de las dos instituciones ha dado respuesta durante meses.
Argitan y Berri-Otxoak han recordado que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Desierto.
En esta ocasión, las víctimas del desahucio son una mujer de 41 años que ha sufrido violencia machista y sus dos hijos de 6 y 15 años, que «sobreviven gracias a una entidad benéfica que la proporciona lotes de comida todas las semanas».
La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión social han advertido de que el Departamento de Vivienda inició en el 2018 el proceso de desahucio contra 184 familias. “Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno Vasco están vulnerando dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo”.
“Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013, a raíz de la muerte de Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero”. De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.
