Por Laura Fontalba
Tras la entrada en vigor de la la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (LSVGII) el pasado 29 de marzo, Argilan-ESK, la plataforma contra la exclusión social de Euskadi, ha denunciado la «criminalización» y «persecución» a las personas pobres.
Esta nueva ley sustituirá la legislación que, desde 2008 y hasta ahora, regulaba la Renta de Garantía de ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), las AES y los Convenios de Inclusión Activa. Frente a esto, la plataforma ha asegurado que en más de tres décadas ni en Euskadi ni en otros países europeos se ha demostrado que los modelos de rentas mínimas condicionadas y garantizadas sean capaces de acabar con la pobreza. De hecho, consideran que estas leyes y sus procedimientos sólo sirven como mecanismos de control e invasión de derechos humanos.
La plataforma también ha denunciado la campaña de «persecusión y criminalización» de las personas perceptoras de estas prestaciones que viene dándose desde inicios de año. Una campaña liderada por Lanbide pero materializada por la Ertzaintza, quien se está personando en los domicilios sin mostrar el documento de Lanbide que ampare su inspección. «Entra directamente en los domicilios, sin solicitar previamente permiso; revisa todas las estancias de la casa, incluidos los cuartos de baño; hurga en las prendas de vestir existentes en los armarios de las habitaciones; realiza preguntas y comentarios improcedentes, más propios de un interrogatorio policial que de una inspección administrativa; etc.», ha explicado la plataforma. Un acto que, consecuentemente, consideran que transgrede la normativa legal destinada a garantizar la inviolabilidad domiciliaria.
«Las personas perceptoras de la RGI, además de tener que padecer el shock que les provocan las inspecciones, ven su RGI suspendida, a veces cautelarmente y otras a posteriori de las inspecciones», han lamentado. A consecuencia de ello, la plataforma ha explicado que, dados los procedimientos administrativos y judiciales, aunque finalmente se demuestre la ilegalidad de las suspensiones, las familias temporalmente suspendidas se ven obligadas a estar meses sin recibir ningún tipo de ayuda.
Asimismo, la plataforma ha asegurado que esta nueva normativa profundiza y amplia la anterior ley, pues instaura la obligación de presentar los ingresos cada tres meses; y ofrece potestad a Lanbide para hacer cualquier tipo de control por el motivo que considere, con hasta seis meses para resolverlo. Además, la nueva ley supone la creación de un Cuerpo de Inspección que se destinará a «controlar, inspeccionar y realizar las propuestas de sanciones», que, al darles naturaleza de agentes de la autoridad, también podrán acceder a los domicilios.
Argilan-ESK ha mantenido firme su opinión respecto a la ineficacia de estas leyes, pues considera que estas luchan contra la pobreza ligando el derecho subjetivo a ingresos necesarios para poder sobrevivir, al cumplimiento de requisitos y obligaciones, con aplicaciones cada vez más represiva, labores de inspección, control y sanción cada vez más amplios e invasivos de derechos humanos. Por todo ello, creen que la única solución sería implantar un nuevo modelo basado en una Renta Básica para toda la ciudadanía, sin condiciones ni obligaciones de ningún tipo, y de carácter universal e individual. «Sólo un modelo de esta naturaleza sería capaz, además de acabar con la pobreza, de superar las maldiciones de persecución y criminalización a las que están sometidas las personas pobres, por el simple hecho de serlo», han sentenciado.
