Amaia, ex-concejal socialista de 53 años, murió trágicamente un día 9 de noviembre de 2012 tras arrojarse por la ventana cuando la comisión judicial iba a proceder al desahucio de su vivienda.
Después de un año marcado por la pandemia, el número de consultas atendidas asciende a 108 durante el primer semestre de este 2021, con lo que suman 8.275 las atenciones realizadas a mujeres desde marzo de 1996.
La movilización, convocada por la asociación feminista ARGITAN denuncia una vez más la violencia machista en Barakaldo, en esta ocasión representada por una mujer que ha sufrido maltrato continuado a manos de su compañero sentimental.
Ya son al menos 9 las agresiones sexuales ocurridas en el municipio en lo que vamos de año.
En Barakaldo "la actual normativa obliga a ofrecer una alternativa habitacional de manera preferencial y urgente a las mujeres que se encuentran alojadas en centros destinados a la protección de víctimas de violencia de género”
Exigen a Iñaki Arriola, Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, el cumplimiento de la legislación que obliga al acceso a una vivienda a mujeres que llevan meses acogidas en servicios temporales para víctimas de violencia de género.
Argitan y Berri-Otxoak denuncian que tanto el Ayuntamiento como las instituciones competentes incumplen sistemáticamente la norma de realojar a las familias afectadas por un desahucio y a las mujeres que se encuentran en centros temporales para víctimas de violencia de género.
En el “Día Internacional de las Mujeres contra la Guerra”, Argitan y Kakitzat se han concentrado ante la Delegación de Hacienda de Barakaldo para evidenciar cómo las instituciones destinan los impuestos de la ciudadanía a fines socialmente injustos o nocivos, como los gastos militares.
Con la fecha del desahucio fijada en pleno estado de alarma y a un mes de su ejecución, "ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional”.
La orden de desahucio fijada para el 21 de mayo a las 9.15 horas, ha sido instada por la sociedad pública de alquiler Alokabide, sin que el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico hayan ofrecido una alternativa habitacional.
