Por: Laura Fontalba
Un día como hoy en el año 2000, las Naciones Unidas declararon el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante, con el fin de proteger los Derechos Humanos de todas las personas migradas. 20 años después, colectivos de personas migradas se han concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbao para denunciar la falta de garantía y cumplimiento.
Este 18 de diciembre, las personas migradas lamentan que haya más cosas que denunciar, que cosas que celebrar. Sin ir más lejos, Europa continúa destinando millones de euros en el cierre de fronteras, muros, vallas, concertinas; y la violencia económica en los país de origen, apoyada por los Estados e instituciones internacionales (Unión Europea, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio) sigue adelante. Sólo en España hay más de 600 mil personas migradas en situación irregular, que son víctimas de trabajaos precarios, explotación laboral y ausencia de derechos laborales o sociales.
Si se quiere conseguir el objetivo por el que se creó el Día Internacional del Migrante, se deben denunciar las políticas racistas y coloniales de la Unión Europea, el Gobierno Español y Gobierno Vasco, así como asumir los compromisos que rompan: políticas de control migratorio, deportaciones, brutalidad policial, quitas de custodia y las condiciones laborales precarias de los trabajos a los que se les destina.
Este año, desde los colectivos de personas migradas, por medio de la concentración, han exigido: regularización inmediata, cierre de CIEs, CITEs, traslado de las personas confinadas en Melilla a la península, terminar con las devoluciones en «caliente» y las deportaciones; derogar la Ley de Extranjería y dar justicia a quienes han sufrido violencia policial e institucional; terminar con las redadas racistas y la criminalización de vendedores ambulantes; empoderamiento en todos los pueblos y ciudades de Euskal Herria, solucionar y agilizar los trámites en oficinas de extranjería; medidas específicas para acoger y proteger a los menores no acompañados; desde el Gobierno español y vasco, reconocer legalmente a las trabajadoras de cuidados a Personas Mayores en Situación de Dependencia; y, finalmente, la creación de un plan de vivienda y de integración socio-laboral para que todas las personas tengan garantizados estos derechos.
