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Protesta contra la socialista Idoia Mendia por pretender endurecer los requisitos de acceso a la RGI

Berri-Otxoak asegura que el último borrador de ley presentado por la Consejera de Empleo y Trabajo, ahonda aún más en los recortes de su partido del 2012, en la anterior crisis económica y social.

2021-06-01T09:52:26+00:001 junio 2021|Barakaldo, Lanbide, RGI|Sin comentarios

Varias personas se han concentrado frente a la oficina de Lanbide del barrio barakaldés de Beurko, algunas de ellas “haciendo vida” en cajas de cartón que representan las diferentes vivencias en una vivienda, para protestar por los recortes añadidos que contempla el nuevo borrador de la RGI, presentado por la vicelehendakari y segunda consejera de Trabajo y Empleo Idoia Mendia, el cual se prevé entrará en vigor en otoño del 2022.

Las personas manifestantes comentan que “la RGl sufrió recortes en 2012 de hasta el 35% en su cuantía”, pero que “aun así, el borrador pretende recortarlas más aún a personas adultas solas y a familias con un menor a cargo”. Este nuevo documento sigue incidiendo en sus diferentes apartados con  una  constante “criminalización a las cada vez más familias y personas económicamente vulnerables”.

Se siguen manteniendo los principales recortes recogidos en el anterior borrador de reforma de la RGI, “prueba de ello es que pese a las críticas que surgieron tras la limitación del número de RGI por vivienda a dos en el 2012, en la actualidad, Mendia pretende reducir la percepción de esta prestación a una por vivienda tal y como propuso el PNV en el anterior borrador, presentado por la consejera Beatriz Artolazabal, en la medida que plantea reducir la cuantía de la segunda unidad convivencial en un 85%”, relatan.

Otro recorte descrito por las personas asistentes es la prevista desaparición de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que gestiona actualmente Lanbide, cuyos perceptores pasarán a ser solicitantes de la Prestación Económica de Vivienda (PEV) que concede el Departamento de Vivienda; una prestación con unos requisitos de acceso por nivel de renta aún más exigentes y que tarda en ser percibida en 4 años, cuando la actual ayuda de Lanbide para el alquiler es inmediata: no exige ningún tipo de demora o espera.

“Mendia pretende empobrecer aún más a quienes menos tienen; con un insuficiente parque público de viviendas, sin la regulación de los arrendamientos privados y con una ayuda para el alquiler que excluye a gran parte de solicitantes, ¿qué opciones tienen las personas y familias perceptoras inquilinas de una habitación para vivir de manera independiente? La respuesta es, ninguna” han sentenciado.

Además, este texto de reforma de la RGI no se pronuncia sobre el último recorte realizado por la Consejería que preside Idoia Mendia a las familias monomarentales perceptoras de la RGI a través de la Instrucción interna de Lanbide JAR-DBE-023, la cual imposibilita su independencia económica si sus menores a cargo superan los 2 años de edad.

Según el último estudio elaborado por el Observatorio de Pobreza y Desigualdad, a inicios de 2019, antes de la actual situación de pandemia y crisis social, las situaciones de desigualdad en la Comunidad Autónoma Vasca ya estaban incrementándose; el 21% de la población estaba en riesgo de pobreza y el 9,18% vivía en extrema pobreza.

“Lo que ha hecho esta crisis económica ha sido pronunciar una tendencia que ya estaba al alza”, aseguran.

Las situaciones de necesidad afectan al 15% de personas con estudios medios o superiores en Euskadi y se ha agudizado notablemente entre el colectivo de mayores de 65 años, alcanzando al 19%, pero sin duda, las y los menores se llevan la peor parte con un 27% de su población afectada.

Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus cerca de 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.

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