Hoy, 15 de junio, en el Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, la asociación Babestu y la Federación Zaintza Babesten, junto con el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, han realizado una protesta ante el Palacio de Justicia de Bilbao para recordar “el mayor acto de maltrato que sufrieron algunos de nuestros mayores que vivían en residencias durante el periodo de la pandemia por COVID-19”.
Denuncian cómo durante esos meses de pandemia, a las personas mayores se les privó de uno de los derechos fundamentales, como es recibir toda la asistencia necesaria para conservar su vida, ya que las residencias no estaban preparadas para administrar determinados cuidados ante situaciones límites.
En aquellos momentos, las y los ancianos se encontraron de repente sin visitas, aislados en sus habitaciones, en muchos casos, con una deficiente atención debido al escaso personal.
Pero lo que fue un “maltrato sin precedentes”, enfatizan, es que ante el contagio, a estos ancianos, se les negó la posibilidad de ser atendidos en un hospital, o esa derivación fue tan tardía que, nada podía hacerse ya por sanarles.
Esto motivó a que 18 familias en noviembre de 2020 decidieran por mediación de la Asociación Babestu, recurrir a la Justicia, para aclarar, si lo sucedido a sus familiares durante la pandemia, podría considerarse “maltrato”.
Sin embargo, la Fiscalía de Bizkaia, archivó uno por uno, cada caso que se presentó. Además, no recibió a los familiares para hacer una exposición con detalle de sus casos, como tiempo después ordenó la Fiscalía General del Estado, y en lugar de eso, emitió las resoluciones sin haber procedido a más investigación que ponerse en contacto con los gerentes de las residencias.
“Resulta una obviedad, que todo esto que se nos ha denegado, nos ha generado una absoluta inseguridad jurídica, cuando no indefensión”, lamentan desde las organizaciones convocantes.
Desde la Asociación Babestu, tras un profundo análisis de los datos de que disponen, critican a la Fiscalía por haber actuado de una forma “apresurada y protectora del sistema», y señalan que en este caso se ha alineado con las residencias de mayores denunciadas «encajando» la decisión de archivado de diligencias en argumentos con los que las asociaciones de familiares no están de acuerdo.
Para Babestu, el tratarse de un tema tan sensible como el fallecimiento de mayores en residencias en pandemia Covid, requiere un cierto nivel de empatía y un mayor esfuerzo por parte de nuestras instituciones. “Echamos de menos ese esfuerzo”.
En la pasada reunión del 26 de abril mantenida entre Babestu y la Fiscal de servicios especializados de atención a personas con discapacidad y mayores del País Vasco, no se obtuvo más que una “tenue comprensión”. “Fuimos escuchados amablemente y sin ningún efecto positivo”.
La misma Fiscalía alerta de que la ausencia de denuncia es uno de los principales problemas a los que se enfrenta a la hora de atajar situaciones de maltrato a la tercera edad. La especial vulnerabilidad de estas personas y su dependencia física y emocional de sus cuidadores les coloca en una situación de especial desprotección. Precisamente por ello, la Unidad Coordinadora de atención a la discapacidad y a mayores de la Fiscalía General del Estado está impulsando distintas estrategias para visibilizar estas conductas, facilitando la denuncia por vía escrita, telefónica o electrónica.
