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La justicia decidirá qué prevalece: el derecho a la propiedad privada en desuso o el derecho a una vivienda digna

Una abogada, integrante de la Oficina de Ocupación de Bilbao ha comparecido ante los medios, visto el trato mediático que se le ha estado dando al tema de la ocupación del inmueble ubicado en la avenida Fátima 3 de Enekuri (Erandio), para aclarar lo que está pasando allí.

2020-10-19T08:13:49+00:0015 octubre 2020|Bilbao, Coronavirus, Desahucios, Erandio, Ocupación|Sin comentarios

En cuanto a los hechos ocurridos en Enekuri hace unas semanas. La letrada relata que unas personas ocuparon un inmueble, donde intentaron establecer su domicilio. Recalca que no es verdad lo que ha estado apareciendo en los medios de que se había ocupado el Restaurante Montenegro.

Aclara que en ningún momento se ha ocupado el Restaurante Montenegro, y asegura que lo que sí ha sido ocupado es un inmueble que pertenece al mismo propietario del restaurante, pero que está físicamente separado y que es una vivienda.

Continúa explicando que las personas que ocuparon el inmueble llevaban unos días residiendo allí. Cuando el jueves de la semana pasada una persona estaba dentro del domicilio, escuchó que había unas personas cerca, muy cerca de la puerta, tan cerca que escuchaba lo que decían, y por lo que estaban hablando, se dio cuenta de que era el propietario del inmueble y un chico que le acompañaba.

Detalla cómo en un momento, este chico que acompañaba al propietario intentó forzar la cerradura y no lo consiguió. La chica que estaba dentro, escuchó cómo le decía al propietario que no se preocupara, que no había conseguido abrir pero que mañana le cambiaba la cerradura y le solucionaba el problema.

La abogada explica que en ese momento la persona que estaba dentro se puso nerviosa y salió fuera y  dijo: “oye, he escuchado lo que habéis dicho. Tú has intentado forzar la cerradura. Eso es ilegal, no lo puedes hacer”. Y al propietario le dijo que si quería recuperar la posesión, tenía que interponer una denuncia ante el juzgado, pero le advirtió que no podía violar lo que era en ese momento su domicilio.

El relato de los hechos continua detallando cómo el viernes pasado por la mañana se presentaron hasta el inmueble una “banda de matones” que se dedicaron a amedrentar, amenazar y a coaccionar a las personas que estaban dentro. Gente que intentaba entrar con actitud amenazante, merodeando el inmueble y además acompañados de una mujer que decía hablar en nombre del propietario, pero que ningún momento decía realmente quién era y que, además, en momento dado, les llegó a ofrecer 1800 euros a las personas que estaban en el interior del inmueble a cambio de que abandonaran el lugar. Pero las personas que estaban dentro se negaron a acceder a ningún tipo de propuesta de ese tipo porque no sabían quién era esta persona, en su lugar le exigieron que dijera a sus acompañantes que dejaran de amenazar, y que le dijeran al propietario que, por favor, si lo que quiere es recuperar la posesión, fuera al juzgado a poner una demanda o una denuncia.

Al día siguiente, el sábado, aseguran que lejos de cesar en las amenazas, continuaron las coacciones y, esa misma mañana, una de las ocupantes se puso en contacto con la Oficina de Ocupación de Bilbao para que se acercaran hasta el lugar. La abogada explica que una joven le llamó por teléfono muy nerviosa porque habían estado toda la noche amenazándoles, que se encontraba la Ertzaintza también en el lugar y no sabían muy bien qué hacer.

La letrada solicitó, por un lado, a los Ertzainas que les dijeran a estas personas que por favor les dijeran que pararan y que pusieran un poco de límite a las amenazas, porque asegura que cuando los agentes se marchaban, cuando no había ningún testigo, era cuando empezaban con las coacciones y las amenazas.

Al propietario se le comunicó que si no estaba dispuesto a llegar a ningún acuerdo, lo que tenía que hacer era parar ya con las amenazas porque se podría meter en un buen lío. Que recurriese tanto a la vía penal así como la vía civil para solucionar este conflicto.

Llegado el lunes y en vista de que no paraban las amenazas, cuentan cómo se enteraron mediante de los medios de comunicación de que el propietario había puesto una denuncia en el juzgado. En relación a esto, la integrante de la Oficina de Ocupación de Bilbao ha querido también hacer una contextualización más técnica-jurídica del tema de la ocupación:

“El derecho ofrece dos vías para solucionar este tipo de problemas: la primera es la vía penal, que es cuando pones una denuncia por usurpación y es una vía bastante rápida porque es un delito leve. Hay una parte de la doctrina jurisprudencial que defiende que ni siquiera debería de ser un delito, por lo que hay un debate entre si debería ser de interés público, por lo tanto es un delito, o si por el contrario no lo es. Entonces eso hace que sea un delito leve, hace que tenga un procedimiento abreviado, bastante rápido y ágil. Eso en cuanto a la vía penal.

En la vía civil tenemos, en el 2018 ,un cambio legislativo cuyo objeto era proteger a los pequeños propietarios ante situaciones de este tipo. Entonces se creó un procedimiento conocido como “Desahucio Express” al que solo pueden acceder a él: propietarios, particulares y pequeños tenedores, y que es rapidísimo. Luego existe un procedimiento ordinario que es más largo y costoso al que tienen que acudir cuando la propiedad es de bancos, inmobiliarias, empresas, este tipo de entidades.

Lo que desmonta la versión que están vendiendo algunos medios, según la cual parece que la ley está diseñada a favor del delincuente, del okupa, en este caso».

La abogada aclara que en este caso concreto lo que ha pasado es que el propietario ha decidido saltarse todos los cauces legales y ha decidido hacer las cosas a su manera. Que han pasado por contratar a una “banda de matones” que, asegura, la amenazaron a ella e intentaron intimidarla delante de la Ertzaintza.

En este caso concreto, considera que hay una persona que tenía una propiedad en desuso, que tiene 2 intereses a ponderar: por un lado el derecho a la propiedad privada en desuso y por otro el derecho a una vivienda digna. La letrada deja claro que ni ella, ni los medios de comunicación tienen que realizar esa ponderación. “Eso lo hará un juez o una jueza cuando le toque, y decidirá qué derecho prevalece sobre el otro”.

Como una posible salida al conflicto, asegura que lo idóneo sería que se pusieran de acuerdo sobre si el propietario tiene a corto medio-plazo proyectos planificados con el inmueble, -y si es verdad que no está abandonado,- durante ese periodo de tiempo, explica que en lugar de tener unos locales vacíos y en desuso, que mejor permita a estas personas por ejemplo bajo un contrato, el poder establecer su domicilio durante el tiempo que él necesite para llegar a llevar a cabo sus proyectos, si es que los tiene.

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