El Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri-Otxoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT se concentranante el palacio de justicia de Barakaldo para recordar y homenajear a Amaia Egaña.
La vecina del municipio Amaia Egaña se quitó la vida un 9 de noviembre del año 2012 cuando iba a ser desalojada de su vivienda. Pasados diez años los desahucios siguen vigentes al igual que la falta de una alternativa habitacional para las familias barakaldesas afectadas.
Las organizaciones sociales y sindicales han informado que un total de 2.027 familias han sufrido en la localidad el desahucio de su vivienda a lo largo de los últimos diez años y que en promedio, son cuatro las familias barakaldesas que cada semana padecen esta situación. El 87% de ellas, de una vivienda en alquiler; algunas incluso de la habitación en la que residen, así de grave es problema del acceso a una vivienda en elmunicipio.
Ante este luctuoso aniversario las entidades barakaldesas “demandamos la aplicación del protocolo frentea los desahucios, y que tras la muerte de Amaia Egaña, se acordó en 2013 y renovado en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, que establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social”, han indicado las asociaciones promotoras del homenaje.
Ante el décimo aniversario del suicidio de Amaia Egana y la realidad de incrementos de precios de alquileres e hipotecas “las organizaciones sociales y sindicales barakaldesas han exigido el acatamiento institucional de las resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que obligan a ofertar una alternativa habitacional a todas personas y familias desahuciadas, y más cuando estas tienen menores a cargo.”
Colectivos y sindicatos instan al equipo de gobierno de Barakaldo a “dar marcha atrás a su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergenciaeincrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio, pues un 68% de estas prestaciones se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual; además de mantener el plazo de solicitudes abierto durante los 12 meses del año, tal como lo regula la ley, pues el 3 de noviembre se cerró dicho plazo hasta, como mínimo, cuatro meses».
Del mismo modo, se ha exigido a las Administraciones públicas que apuesten por la vivienda en alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas.
