La asociación ecologista señala que desde el comienzo del proyecto, en el 2007, tanto en las alegaciones populares como en las elaboradas por los equipos jurídicos contratados con los ayuntamientos de Abanto-Zierbana y Muskiz, siempre se había afirmado que la ampliación con una planta de coque y cogeneración eléctrica en DPMT precisaba de un permiso exprofeso de la Dirección General de Costas y que el silencio administrativo en estos casos es siempre negativo.
Desde la primera denuncia, el 22 de noviembre del 2012, explican que la asociación ha seguido un largo camino judicial, hasta conseguir que se inicie este expediente. Ahora comienza una nueva etapa, que puede provocar el desmantelamiento de la planta. Durante estos años de actividad, su impacto en el medioambiente ha sido severo, tanto sobre la marisma, con los sucesivos vertidos, como contra la salud, por la gran cantidad de partículas contaminantes que emite, así como con el incremento de los incidentes desde su instalación.
“Es necesario ser consciente del poder que ejerce una empresa como Petronor sobre las corporaciones municipales. En aquellos momentos, la oposición ciudadana se manifestó claramente, tanto en los resultados electorales como en la consulta popular que se realizó contra esta ampliación”, han señalado.
El proceso sancionador es complejo y largo. La asociación ecologista ha reafirmado su condición de interesada en el proceso y confía en que, al final, se haga justicia. Cuando se resuelva favorablemente el expediente, Meatzaldea Bizirik, quienes trabajan por defender y mejorar el medioambiente y la salud de los pueblos de la zona minera, no va a dudar en exigir las responsabilidades penales que sean aplicables sobre la corporación municipal que, en su momento, concedió la licencia de obras. Y más, cuando hoy en día se considera delito de prevaricación ambiental este tipo de acciones que perjudican nuestro hábitat.
