Con información de la Red de Euskadi de Supervivientes de Violencia Machista
Desde la Red de Euskadi de Supervivientes de Violencia Machista denunciamos la decisión de la Diputación Foral de Bizkaia del pasado mes de enero de desmantelar el servicio de atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia machista.
Las asociaciones Bizitu Elkartea y Guerreras del Alto Deba, componentes de esta red, contamos con años de experiencia en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista y a sus criaturas, lo que nos ha permitido conocer de primera mano la importancia del apoyo social e institucional para superar estas situaciones. Todos estos años también nos han permitido ver la evolución en los recursos institucionales dedicados a la atención a víctimas. Sabemos que este movimiento es un paso atrás en lo conseguido hasta ahora. La atención psicológica especializada en violencia machista es imprescindible para una total recuperación. Y esta atención, para ser universal y de calidad, debe ser pública.
Cabe señalar que, pese a que ambas asociaciones tenemos interlocución directa y habitual con Emakunde, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia, en ningún caso se nos ha consultado ni tan siquiera informado sobre esta modificación.
Recordamos que la ley Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres obliga a las instituciones públicas a ofrecer una atención integral. Dicha ley, en su artículo 54 dice:
“Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, deben asegurar el derecho que toda víctima de violencia machista contra las mujeres tiene a una atención prioritaria, integral, gratuita, accesible y de calidad, prestada por profesionales con capacitación específica y adaptada a sus necesidades derivadas de o relacionadas con la situación de violencia, sin discriminación alguna, con independencia de su situación personal, social o administrativa y de su grado de implicación o colaboración con el procedimiento judicial. A tal fin, se velará por una gestión integrada y coordinada de los correspondientes expedientes en los términos que se determine reglamentariamente, garantizando el consentimiento informado activo de las víctimas y, al mismo tiempo, la agilidad procedimental necesaria en el tratamiento de los datos personales”.
Además, la legislación internacional insta a que la reparación psicológica en recursos especializados sea una obligación para las instituciones públicas.
Exigimos que se cumplan las obligaciones que tienen las instituciones según las leyes en vigor, tanto autonómicas como nacionales e internacionales. La violencia machista es un grave problema social. Una mujer víctima y sus criaturas no pueden recuperarse totalmente si no son atendidas por profesionales debidamente formadas para saber identificar las diferentes violencias.
Y no solo exigimos que este servicio se mantenga tal y como está, sino que consideramos imprescindible reforzarlo con más profesionales tanto de la Psicología como de otras disciplinas vinculadas a las Ciencias Sociales, ya que es cada vez más alarmante la ceguera institucional ante las características estructurales de la violencia machista a la hora de crear e implantar recursos.
