Valoración del informe “Comercio y exportación de armas en Euskadi. El papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable” elaborado por el Instituto Globernance para la Secretaria General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación (Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza).
PASO A PASO HACIA EL FIN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE ARMAS DESDE EUSKADI
A continuación, se presenta una breve valoración de este informe sobre comercio y exportación de armas en Euskadi y una serie de propuestas o sugerencias que van más allá de las suscritas por este trabajo del Instituto Globernance1 para la Secretaria General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. En concreto, nos centraremos en dos cuestiones: a) la delimitación del ámbito de estudio de este informe invisibiliza otros campos de acción de las administraciones vascas en este ámbito de la producción y exportación de armas en Euskadi; b) Propuesta de otras medidas y sistemas de incentivos que las administraciones pueden poner en marcha.
a) Una delimitación del estudio que no visibiliza ámbitos competenciales y marcos jurídicos aplicables que amplían el rol y las responsabilidades de las instituciones vascas en el comercio y exportación de armas en Euskadi:
– Siendo cierta la falta de competencias en materia de transporte marítimo y puertos de interés general, comercio exterior, y régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos, desde otros ámbitos competenciales que sí disponen las administraciones vascas (acción exterior y cooperación al desarrollo política industrial, ordenación general de la economía, investigación…)2 puede condicionar la producción y comercio de armas en Euskadi. La creciente complejidad del reparto competencial entre la UE, los Estados miembros y los entes sub-estatales, y la inexistencia de espacios de coordinación, colaboración y escasa participación de los entes sub-estatales en la formación de las posiciones nacionales y europeas, no puede servir de excusa para derivar responsabilidades a los otros niveles gubernamentales.
– El Gobierno Vasco puede ser más diligente y proactivo con otras instancias gubernamentales en la exigencia de la aplicación estricta del 215 del TFUE y la Posición Común 2008/944/PESC, que prevén adoptar por parte de la UE medidas de restricción de venta a terceros países cuando estos vulneran el Derecho Humanitario, y en el cumplimiento y carácter vinculante del Tratado sobre el Comercio de Armas. También desde las administraciones y sociedad vasca se debería cuestionar el insuficiente actual
1 Ver Informe: https://bideoak2.euskadi.eus/2019/11/18/news_58411/Dictamen_cas.pdf
2 Las Relaciones Internacionales son competencia exclusiva del Estado, sin embargo, el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía y varias sentencias del TC (particularmente de la STC 165/194) legitiman determinadas actividades de los gobiernos autonómicos en el exterior dentro de su ámbito competencial. Según el Estatuto de Gernika, la CAPV tiene competencia exclusiva en política industrial –aunque con algunas limitaciones en el ámbito militar-(art. 10.30), ordenación general de la economía (art. 10.25), investigación en coordinación con el Estado (art. 10. 16).
marco regulatorio estatal y la pasividad de la Administración Central del Estado sobre el control de la producción y comercio de armas (Ley 53/2007 y el Real Decreto 679/2014), y denunciar la opacidad de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU) en el otorgamiento de autorizaciones y promover su reforma.
– Conocedoras de las pocas posibilidades de influir en los sistemas de sanciones de Naciones Unidas y Unión Europea y en el marco normativo estatal de comercio exterior y transparencia, las administraciones vascas deberían de profundizar en aquellos ámbitos competenciales propios o compartidos desde donde se pueden establecer normas, limitaciones a la industria armamentística vasca y sistemas de incentivos dirigidos a reducir la producción y comercio de armas desde Euskadi.
– Por el contrario, el estudio ignora el potencial, o incluso propone la modificación, de alguna disposición de una norma del marco regulatorio vasco que abren un importante campo de actuación a las administraciones vascas en este ámbito de la producción, comercio y exportación de armas en Euskadi, sin contravenir las competencias exclusivas estatales.
-En concreto, la Ley Vasca de Cooperación 1/2007 menciona en su preámbulo la coherencia entre la política de ayuda oficial al desarrollo y el resto de políticas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno Vasco y los entes forales y locales de Euskadi. Y aunque no ha sido apenas desarrollado, las instituciones públicas vascas se comprometieron, en 2016, cuando aprobaron el Marco de referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco, a un diálogo con el sector privado para que las estrategias de internacionalización de las empresas vascas asumieran los requerimientos del desarrollo humano y la sostenibilidad3.
– Este Informe si recoge una desafortunada sugerencia de modificación del artículo 3.3 de la Ley vasca 14/2007 “Carta de Justicia y Solidaridad de los países empobrecidos”4 para poder materializar su propuesta de facilitación de subvenciones y deducciones de carácter fiscal a cambio de que las empresas se integren en el Código de Conducta Marco que se propone. A nuestro entender, en lugar de ser modificado, hay que desarrollar este artículo, ya que posibilita un amplio campo de acción, en tanto que establece un mandato al Gobierno Vasco para no colaborar con las empresas de producción, comercialización y financiación de armas a través de sus políticas de promoción y apoyo empresarial. En resumen, los mandatos de estas leyes no se han
3 Se puede consultar la Ley vasca de cooperación 1/2007:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/03/0701441a.pdf
y en la página 9 y el último párrafo de la página 11 del Marco de referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo del País Vasco se puede ver esa apelación a la coherencia de las estrategias de internacionalización de las empresas y el potencial impacto de las diversas políticas sobre los procesos de desarrollo en otros lugares, y en aquellos países y territorios con los que se coopera desde Euskadi: http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/coherencia_avcd/es_def/adjuntos/Marco%20Referencia%20CPD%20-%20CAS.pdf
4 Para ver el artículo 3.3 de la Ley Vasca 14/2007 ver:
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2007/12/28/14/dof/spa/pdf
cumplido, por lo que queda patente que el ámbito de actuación de las administraciones es mucho más amplio que el que señala este informe.
b) El estudio se limita a recomendar unas pocas medidas de control centradas en la transparencia y la responsabilidad social corporativa de las empresas vascas que producen y exportan armas (principalmente, códigos de conducta y un observatorio público de derechos humanos), sin mencionar que las administraciones vascas disponen de otros mecanismos e incentivos para avanzar en la coherencia de políticas para el Desarrollo y el respeto de los derechos humanos.
– El informe que, en su presentación, se encuadró dentro del Marco de referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco (2016) y en algunos de los compromisos del Programa de Gobierno –Euskadi 2020- y en el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 no hace mención explícita a ninguno de esos documentos, ni a los objetivos o compromisos adquiridos por las administraciones vascas en el ámbito de coherencia de políticas al desarrollo, la internacionalización de empresas y en la economía de la paz5. Supeditar el control de la producción y exportación de armas a un régimen de “subvenciones o deducciones de carácter fiscal a cambio de que las empresas armamentísticas vascas incorporen en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa, un “Código de Conducta Marco” autoevaluativo es una propuesta de acción muy limitada y poco ética.
Documentos relacionados con la Empresa Vasca y Derechos Humanos:
En las dos últimas legislaturas se ha iniciado un esfuerzo por establecer un marco jurídico-político de empresa y derechos humanos en Euskadi, aunque sus pasos han sido muy modestos. Respaldado por la normativa y las recomendaciones de NNUU, OCDE, y la UE, se sientan las bases para futuras propuestas de las administraciones públicas vascas. Sus políticas fiscales, de cooperación al desarrollo, sus ayudas a la internacionalización de empresas, la contratación pública y la promoción de la responsabilidad social empresarial deberían comenzar a reorientarse hacia un discurso y una práctica económico-empresarial que respondiera a los retos éticos y de los derechos humanos de nuestras sociedades actuales. Hay mucho camino por recorrer.
5 Se puede ver el video y la presentación del informe en la web Irekia del Gobierno Vasco. https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58411-instituto-gobernanza-democratica-globernance-gobierno-presentan-informe-sobre-comercio-exportacion-armas-euskadi-papel-las-instituciones-vascas-para-mejora-transparencia-control-las-exportaciones Además del Marco de Referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco comentado en una nota anterior, esta CPD también está recogida en el compromiso 171 del Programa de Gobierno –Euskadi 2020- que otorga a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo el papel de impulsar y dinamizar esta Coherencia de Políticas, que a su vez ha quedado recogida en el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 (pp.15-16), donde, además, se proponen algunas acciones piloto como desarrollar un plan de derechos humanos y empresa, la concreción de cláusulas sociales y ambiéntales en la compra pública y colaborar en los planes de internacionalización del Gobierno Vasco, y la puesta en marcha de un auzo (lan)kidea / Espacio de diálogo, con el objetivo de alinear el marco normativo, programático y operativo vasco a los avances internacionales en materia de empresa y derechos humanos. También el Plan de Internacionalización de Empresas 2017-2020 toma como referentes la Economía de la Paz y el Marco para la CPD de 2016 (pp.15).
A este respecto, no solo es el Gobierno Vasco quién tiene muchos retos por delante en materia de empresa y derechos humanos, también las instituciones forales, sus haciendas y sus normas, tendrán que hacer frente a los objetivos planteados en las directivas de la Unión Europea que tratan de poner freno a algunas de las prácticas agresivas de las grandes empresas. Apenas hay información sobre los efectos negativos de la actividad empresarial vasca sobre los derechos humanos. No hay suficientes estudios y diagnósticos sobre el deterioro de los derechos derivados de la actividad empresarial vasca en el Exterior.
A continuación, se listan los principales documentos que relacionan la empresa vasca a los derechos humanos:
Marco de referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo del País Vasco: http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/coherencia_avcd/es_def/adjuntos/Marco%20Referencia%20CPD%20-%20CAS.pdf
Programa de Gobierno –Euskadi 2020- https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9182/Programa_Gobierno_XI_Legislatura.pdf
IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021
https://bideoak2.euskadi.eus/2018/07/24/news_47760/IV_Plan_Director_version_final_CR-CG.pdf
Plan de Internacionalización de Empresas 2017-2020 toma como referentes la Economía de la Paz y el Marco para la CPD de 2016 https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/12_plandep_xileg/es_def/adjuntos/plan%20internacionaliz%20remisi%C3%B3n%20parlamento.pdf
Informe de “Coherencia de Políticas para el desarrollo: Análisis de la política de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco (OMAL/CONGD Euskadi) http://omal.info/IMG/pdf/informe_pie_gobierno_vasco_informe_completo_.pdf
Laboratorios de Economía de Paz, Empresa Vasca y Derechos Humanos (Gernika Gogoratuz)
https://www.gernikagogoratuz.org/category/economia-de-paz/
– Según la normativa vigente, existen espacios de coordinación y consulta tanto a nivel vasco, estatal como europeo donde se podrían abordar iniciativas concretas para el control de la industria armamentística vasca y debatir sobre los mecanismos de incentivos. En el caso de Euskadi, la Comisión Interinstitucional para la Coherencia de Políticas donde están representadas el conjunto de administraciones vascas y el Informe anual que debería presentar el Consejo Vasco de Cooperación sobre el grado de cumplimiento del principio de coherencia pueden ser espacios y herramientas a trabajar. En 2016, en el Consejo Vasco de Cooperación se propuso, por parte de los representantes de los agentes sociales, la conformación de una mesa de trabajo sobre estas cuestiones. La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) en el IV Plan Director de Cooperación 2018-2021 ha previsto un espacio de diálogo / auzo (lan)kidea de empresa y derechos humanos que todavía no se ha puesto en marcha. En el caso estatal y europeo, además del control parlamentario en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados mencionada en el informe, hay otros espacios que se podrían explorar. La Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo, la comisión de seguimiento del Plan nacional de empresa y derechos humanos, la coordinación del servicio de acción exterior vasco y la AVCD con las OTC de AECID, embajadas y Servicio Europeo de Acción Exterior para controlar la actividad de las empresas vascas exportadoras de armas, Comisiones del Comité de Regiones de la Unión Europea, Oficina Vasca en Bruselas son algunos de estos espacios.
– Centrar las medidas en la transparencia y Responsabilidad Social Corporativa y los códigos de conducta es una propuesta de acción muy limitada. Supeditar la actuación de las administraciones vascas a un régimen de subvenciones o deducciones de carácter fiscal a cambio de que las empresas vascas acepten o se integren en un Código de Conducta Marco sobre esta materia es, a nuestro entender, una propuesta muy limitada, tanto desde el punto de vista político cómo ético. No se puede seguir promocionando con incentivos a unas empresas para que sus productos sigan “matando limpio” a cambio de una buena conducta.
– Hay que abandonar los esquemas de voluntariedad retórica, e insistir en que hay campo de actuación competencial, regulatorio y programático para articular políticas desde nuestras administraciones para ir terminando progresivamente con la producción y exportación de armas desde Euskadi. Y sin duda alguna, la compra púbica, las subvenciones y las exenciones fiscales pueden ser un instrumento muy válido. Es poco probable que el control de las exportaciones de armas mejore con las medidas que propone el informe. Las ayudas desde la Dirección de Economía Social para realizar metodologías de RSC, y las medidas técnico-fiscales como los gastos deducibles de las aportaciones orientadas a la promoción de determinados proyectos socio-culturales y humanitarios para aquellas empresas armamentísticas que se sumen voluntariamente al Código de Conducta, difícilmente redundarán en una mayor transparencia y control de la actividad de este sector, sino se proponen otra serie de medidas como:
-Impedir el acceso a las ayudas y subvenciones de las administraciones vascas de internacionalización empresarial y ayudas al comercio a las empresas vascas armamentísticas, particularmente a los programas “Global Training”, “Sakondu”, “Zabaldu”, “Gauzatu”, “Pilotu”, “Elkartu” que gestiona la Agencia Vasca de Internacionalización “Basque Trade & Investment”6.
-No permitir que las empresas vascas que producen y exporten armas y sus componentes acudan en las delegaciones vascas comerciales a terceros países para que consigan nuevos contratos
-Excluir a las empresas que producen armas y componentes, y que comercian con países en conflicto, de la compra pública de las administraciones vascas
-Establecer un plan de máximos desde las administraciones vascas para cumplir con la legalidad vigente en materia de producción y comercio de armas, y actuar proactivamente en los espacios existentes en los diferentes niveles gubernamentales.
6 Para conocer con más detalle las ayudas a la internacionalización visitar la web: https://basquetrade.spri.eus/es/ayudas/
-Y la medida más importante sería un nuevo sistema de incentivos y ayudas a la conversión de la actividad productiva de la industria militar vasca en industria civil. Para la reestructuración de los sectores industriales militares vascos, en tanto que es competencia estatal, habría que acordar con el Gobierno Central un Plan de transición y para la Reconversión de las industrias productoras y exportadoras de armamento, que luego tendrían que desarrollar y ejecutar las administraciones vascas. Al margen de las medidas disuasorias mencionadas anteriormente habría que ir configurando este nuevo sistema de incentivos, para lo cual sería conveniente reformar la Ley 8/2004 de 12 de noviembre de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, e incluir en los nuevos programas y planeamientos de las políticas industriales y empresariales estas nuevas medidas para la promoción del abandono de la producción y exportación de armas desde Euskadi y su sustitución por otras actividades productivas más respetuosa con los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida.
– El informe del instituto Globernance propone la creación de un Observatorio de carácter público de los derechos humanos y el derecho humanitario y/o una Comisión o Junta Evaluadora que controle el efectivo cumplimiento del citado Código Ético. Desde muchas de las organizaciones firmantes, llevamos varios años proponiendo un Plan y un Observatorio o Centro Vasco de Empresa y Derechos Humanos que transciende esta insuficiente propuesta. Este nuevo Plan, y el futuro Centro Vasco de Empresa y Derechos Humanos deberían alinearse con los últimos avances internacionales en esta materia, particularmente con los trabajos del grupo intergubernamental de Naciones Unidas para un Tratado Internacional vinculante que responsabilice a las empresas en el tema de los derechos humanos. Este nuevo Observatorio, estaría inspirado en el Centro de Evaluación de Impacto de Empresas Catalanas en el Exterior, y tendría como misión analizar, rendir cuentas, evaluar la política de internacionalización de la empresa vasca, dar seguimiento a la actividad exterior de las empresas vascas a través de las delegaciones del SPRI, que deberían tener la obligación de elaborar informes e inspeccionar la actividad empresarial exterior, a partir de un enfoque de derechos humanos y desarrollo humano sostenible y en colaboración con agentes sociales y sindicales locales7.
En resumen, es necesario abrir el debate a la sociedad y al mundo empresarial para buscar posicionamientos comunes que nos permitan avanzar en el control y la extinción de la producción y comercio de armas por parte de las empresas vascas, facilitar su transición hacia actividades civiles, y acabar con las actuales incoherencias de políticas de nuestras administraciones.
7 Entre los materiales de interés relacionados con este tema, y la puesta en marcha de un Centro Vasco la empresa y derechos humanos está el Informe de “Coherencia de Políticas para el desarrollo: Análisis de la política de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco” encargado por la Coordinadora de ONGDs de Euskadi al Observatorio de Multinacionales para América Latina OMAL/Paz con Dignidad:
http://omal.info/IMG/pdf/informe_pie_gobierno_vasco_informe_completo_.pdf y las ponencias y documentos de los laboratorios de economía de paz, empresa vasca y derechos humanos organizados por el Centro de Investigación para la Paz, Gernika Gogoratuz, que se vienen celebrando anualmente desde el 2017 en el ehuGUNE la UPV/EHU https://www.gernikagogoratuz.org/category/economia-de-paz/. Sobre la industria militar vasca ver los informes anuales y publicaciones del colectivo Gasteizkoak: http://gasteizkoak.org/
En definitiva, no se trata de discutir la validez o no de este u otro informe, cuando ya tenemos la Ley Vasca 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, que en su artículo 3.3 indica:
“En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”
La cuestión es como ir al núcleo de la defensa de los derechos humanos, otorgando validez a esta Ley de nuestro propio ordenamiento jurídico. Desde la sociedad civil organizada, simplemente, exigimos el cumplimiento de la Ley, o lo que es lo mismo, que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas no incumplan sistemáticamente estos preceptos, otorgando subvenciones, ayudas y deducciones fiscales al sector armamentístico para su crecimiento. Con voluntad política se puede poner las bases para poner fin a la producción y comercio de armas desde Euskadi.
