Con información de Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en Euskadi (CNAE) y Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE)
El gobierno del estado español ha incumplido sistemáticamente su deber negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades, y reparar el daño. Evidencia de la antinegritud y el racismo institucional en el estado español.
Los crímenes perpetrados el 24 de junio de 2022 por agentes estatales de España y Marruecos son consecuencia de la actuación coordinada entre dos gobiernos que derivó en una masacre que, como la de Tarajal, demuestra el carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea.
En este contexto, las organizaciones firmantes de este manifiesto,
- Denunciamos la impunidad ante estos crímenes:
Ninguno de los responsables ha sido investigado y todos gozan de la más absoluta impunidad.
El archivo de las diligencias de investigación sin exigir una investigación judicial.Ignorando el estado español sus responsabilidades internacionales y atribuciones jurisdiccionales en materia de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional.
Continúa sin abrirse una investigación independiente que permita a las víctimas y a sus familiares acceder a la verdad, la justicia y la reparación,.. Las víctimas continúan sin acceder a su derecho a la justicia y las familias no han podido encontrar, identificar ni enterrar a sus muertos.
- Denunciamos que las personas supervivientes de la masacre de Melilla expulsadas de forma ilegal eran, en su gran mayoría, personas refugiadas a las que se negó el Derecho de Asilo.
La gran mayoría de las víctimas de la masacre de Melilla procedían de Sudán, un país inmerso en un conflicto armado que se ha ensañado durante años contra la población civil.
El 24 de junio de 2022, las autoridades policiales realizaron en Melilla cientos de devoluciones sumarias y colectivas.
Por todo lo expuesto exigimos:
– El cese inmediato del ministro del Interior, Grande-Marlaska
– La apertura de mecanismos de investigación independientes que cumplan con la obligación del estado español de perseguir los crímenes internacionales perpetrados por sus propios agentes en contra de personas racializadas.
– Poner a disposición inmediata de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como para la identificación y recuperación de los restos de las víctimas mortales.
– La puesta en pie de los medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticasdesde otros estados.
– El traslado inmediato al Estado español del refugiado sudanés Basir y la concesión inmediata de protección internacional para él y para todas las personas sobrevivientes de la masacre del 24 de junio de 2022.
– El fin de las expulsiones y devoluciones ilegales en todo el territorio español.
– La erradicación de cualquier forma de discriminación racial en el acceso real y efectivo a la protección internacional.
– La eliminación de los centros racistas de privación de libertad de personas extranjeras conocidos como Centros de Internamiento de Extranjeros.
– Que se establezca como prioridad, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, del debate sobre el respeto a los derechos de las personas en procesos de movilidad humana, así como sobre la lucha contra la impunidad de los graves crímenes internacionales perpetrados por agentes estatales de y en los estados miembros.
