Reportajes

Por Laura Fontalba

Ayer, Lorea Ureta, integrante de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH-ELE), presentó los datos recopilados a lo largo de 2024 sobre las condiciones laborales de las trabajadoras que acuden a su asesoría. Más del 99% mujeres migradas, que trabajan en condiciones ilegales en cuanto a jornadas y descansos.

Un año más, la asociación ha vuelto a demostrar la precariedad e ilegalidad que se vive en el sector; mayormente, en el trabajo interno. «El 67,58% del total de las internas de entre semana está a disposición de la parte empleadora más de 60 horas semanales», denunciaron.

A priori, la nueva reforma por la que se establece la reducción de jornada a 37 horas y media podría haber sido una buena vía para regularizar la situación. Sin embargo, el acuerdo, por el que sí se han reformado algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores para ajustarlos a las nuevas normas de jornada y de registro de jornada, no tiene un plan de reducción de la jornada en el empleo de hogar, y tampoco contempla una actualización del Real Decreto 1620/2011, que excluye al empleo de hogar de la obligación de registrar las horas extraordinarias mensualmente, así como de la obligación de hacer un registro diario de la jornada en los contratos a tiempo parcial.

En este sentido, desde la asociación explicaron que esta reforma obliga a establecer un «sistema de control de jornada electrónico» para que la Inspección de Trabajo pueda llevar un control remoto. «Supuestamente también obliga en el empleo de hogar; pero al Gobierno Vasco (…) se le ha preguntado qué iba a hacer para promover que esto se cumpla y ha respondido que la responsabilidad de cumplir la obligación es de los empleadores; es decir, que no hará nada», han explicado y añadían: «A la pregunta de qué medidas va a implementar la Inspección de Trabajo para controlar que se cumpla, la respuesta es que aplicará la normativa sancionadora. Es decir, nada».

El resultado es que, a pesar de la mejora aprobada, las agencias de colocación intermediarias entre trabajadoras y empleadores «continuarán promoviendo libremente condiciones ilegales». Y es que, tal y como explicaron desde ATH-ELE, los contratos y nóminas realizados se hacen por 40 horas, pero nunca se reflejan las llamadas «horas de presencia». Un fraude masivo que sólo la Inspección de Trabajo podría remediar.

A esta situación se le debe sumar el abuso salarial, mucho mayor en el caso de las trabajadoras sin papeles. Los datos han demostrado que el 96,48% de las internas de entre semana no ha recibido el salario que les correspondía por sus horas de trabajo, mucho menos por las horas extra realizadas. Tampoco han alcanzado el SMI en más del 35% de los casos de trabajo externo.

Finalmente, la situación tampoco mejora si se dejan a un lado las condiciones en materia de jornada y sueldo. Las estadísticas recopilan otras problemáticas como la falta de reconocimiento por parte de Osakidetza respecto a los accidentes laborales en hogar; problemas con el derecho a la prestación de desempleo, que el SEPE gestiona con «desconsideración hacia las interesadas»; y tampoco ha mejorado el tiempo de espera al acudir a los juzgados de lo social, ni de las actuaciones de la Inspección de Trabajo. «La situación empeora respecto al año 2023», lamentaron.