Pasados 2 meses del desahucio ejecutado desde las administraciones públicas los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco incumplen la normativa que obliga a garantizar una alternativa digna a mujeres víctimas de violencia machista, y con menores a cargo.
El 31 de enero fue desalojada de su vivienda una mujer con tres hijos menores a cargo de 5, 11 y 14 años, con acreditación de víctima violencia machista y orden de alejamiento en vigor. Esta mujer lleva acogida un mes en un recurso para mujeres víctimas de violencia machista.
La Red de Apoyo Mutuo BATU hace un llamamiento el 25 de noviembre a las 8:30am al número 3 de la calle Olatxu en el barrio de Abusu para evitar esta injusticia.
Según alertan desde AZET Etxebizitza Sindikatua, el edificio ha sido la vivienda de 5 familias durante largas décadas. Sin embargo, 2 familias tendrán que marcharse de sus casas y del barrio el próximo diciembre.
Amaia, ex-concejal socialista de 53 años, murió trágicamente un día 9 de noviembre de 2012 tras arrojarse por la ventana cuando la comisión judicial iba a proceder al desahucio de su vivienda.
El Sindicato de Inquilinas de Bilbo asegura que tras haber agotado los recursos que se podían interponer en los juzgados, el juez decretó la fecha exacta del desahucio, donde pretenden dejar a Pilar, Ramón y su hijo en la calle.
AZET ha realizado una rueda de prensa para denunciar el desalojo del espacio, señalar a los responsables políticos del mismo y difundir las próximas convocatorias.
Decenas de familias están recibiendo notificaciones donde no solo se les retira esta ayuda mínima para poder hacer frente a los gastos de alquiler en la vivienda donde residen, sino que también se les reclama el pago de miles de euros por supuestos pagos indebidos.
Para evitar que Carlos, un pensionista de 61 años se quede en la calle, el Sindicato de Inquilinas - Maizterren Sindikatua ha propuesto realizar un contrato de alquiler de acuerdo a la ley y basado en los Derechos Humanos.
La iniciativa “Lidia Se Queda” ha informado que se paraliza definitivamente el desahucio, puesto que la sentencia es firme, al no haber interpuesto recurso alguno el fondo buitre.
