Por David BM
La mañana del lunes ha estado marcada por la indignación y la preocupación tras el apuñalamiento de una trabajadora de la red de hogares de menores de Bizkaia. El ataque, que ha tenido lugar en Bilbao, ha generado una inmediata reacción sindical e institucional. Representantes de ELA, LAB, UGT, CCOO y SATSE se han concentrado frente al edificio de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, donde han mostrado su apoyo incondicional a la profesional agredida y han exigido medidas inmediatas para garantizar la seguridad en los centros.
“Garantizar la seguridad de las personas trabajadoras no es negociable”, han declarado desde la Junta de Personal y el Comité de Empresa del IFAS, organismo foral responsable de la gestión de estos recursos. Sindicatos y representantes laborales han reclamado a la dirección del IFAS que deje de mirar hacia otro lado ante una situación que, aseguran, se venía denunciando desde hace tiempo.
La agresión ha puesto en evidencia un problema estructural que afecta a las trabajadoras de la red de hogares de menores: una carga emocional y profesional desbordante, perfiles cada vez más complejos entre los menores acogidos y plantillas claramente insuficientes para afrontar esta realidad. Según los sindicatos, este contexto multiplica los riesgos físicos y psicológicos para quienes trabajan en estos recursos de atención.
La concentración ha servido también para visibilizar la precariedad del sistema de acogida, así como para exigir que se implementen medidas preventivas reales y eficaces. Reclaman recursos suficientes, una planificación adecuada, formación específica y protocolos de intervención ante situaciones de violencia. “No podemos seguir exponiendo a las trabajadoras como si fueran carne de cañón”, se ha escuchado en la concentración.
En paralelo, desde el IFAS no ha habido, hasta el momento, una respuesta pública concreta más allá de la condena del hecho. El Comité de Empresa exige que se aborde el problema con urgencia, con una revisión integral del modelo de atención y una dotación suficiente de personal cualificado. Porque cuando se vulnera la seguridad de quienes cuidan, se tambalean los pilares del sistema público de cuidados.
