Como cada año, el sábado 19, Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) celebró la nueva edición de Marea Horia 2023. Una acción realizada en las playas de Gorliz y Plentzia que tiene como objetivo visibilizar la difícil vivencia de las personas migrantes desde que abandonan sus hogares, incluyendo la situación que encuentran al llegar a su destino.
El objetivo de Marea Horia es doble. Por un lado, poner en el punto de mira la dura realidad que atraviesan millones de personas en el mundo al tener que abandonar su lugar de origen para atravesar un camino lleno de dificultades en busca de «algo mejor». Y, por otro lado, exigir al Gobierno y las instituciones que se adopten políticas migratorias y de acogida que respeten los derechos humanos.
De hecho, según informaban desde OEE, en los últimos 30 años han perdido la vida más de 50 mil personas, que, inmersas en «fuertes crisis», se vieron obligadas a migrar de forma forzada en busca de una vida digna y nuevas oportunidades. «Unas crisis cuyas responsabilidades no recaen solo, ni principalmente, en sus ciudadanías, sino en las políticas de saqueo y de expolio a la que han sido sometidos históricamente, y también de un modelo de desarrollo claramente insostenible que está generando crecientes desigualdades sociales, crisis humanitarias y crisis ambientales», explicaba la organización.
Bajo esta realidad, de la que ni el Gobierno ni las instituciones se responsabilizan, nace Marea Horia. La edición de este año, que ha visibilizado problemas que año tras año continúan repitiéndose, este año, ha visibilizado también uno de los grandes problemas que las personas migrantes encuentran al llegar a sus destinos: la dificultad para empadronarse. El lema de este año: «Soy tu vecino/a, pero sin padrón no existo» denuncia que el padrón es «la puerta de entrada a muchos derechos». Algunos de ellos se relacionan con la posibilidad de disponer de una tarjeta sanitaria, la educación básica en menores, el acceso a cursos de Lanbide o a prestaciones sociales; u otras aún más significativas como la iniciación del periodo para obtener la residencia, lo que pondría fin a las situaciones de irregularidad administrativa.
«Solicitamos a todos los ayuntamientos, y a la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), la puesta en marcha de un protocolo que garantice el empadronamiento de todas las personas que viven en el municipio y que no pueden hacerlo por los requisitos actualmente en vigor», demandaban este año.
