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Pacto sobre Migración y Asilo de la UE: «Solidaridad a la carta»

Señalan que este acuerdo instaura procedimientos que amplían tiempos de espera, espacios de excepción y tiempos de detención que ponen en riesgo derechos fundamentales.

2024-06-21T12:33:22+02:0021 junio 2024|Reportajes|Sin comentarios

Por Laura Fontalba

Ayer, 20 de junio, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una multitud convocada por diversos colectivos se ha concentrado para denunciar la reciente firma del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, que deja a un lado «la defensa de los derechos humanos y la promoción de un sistema más justo y solidario para todas las personas».

Por medio de la concentración, han advertido que este pacto vulnera directamente los derechos humanos de aquellas personas que pretenden llegar a un lugar seguro y «pone precio» a sus vidas. «El Pacto sobre Migración y Asilo de la UE instaura procedimientos que amplían tiempos de espera, espacios de excepción, tiempos de detención que ponen en riesgo derechos fundamentales. La externalización de fronteras y los retornos a terceros países genera mecanismos de solidaridad “a la carta” y permite que las fronteras europeas sean espacios de no derechos», han asegurado.

De hecho, si bien es cierto que este 2024 han disminuido las llegadas a través de la ruta por el Mediterráneo Central, han aumentado las llegadas por el Mediterráneo Oriental y el África Occidental, así como las llegadas a través de la ruta canaria, por el océano Atlántico, que es la región migratoria más letal del mundo. Estas personas huyen de sus hogares y abandonan sus países obligadas a desplazarse por múltiples violencias, desigualdades, guerras ocultas y de gran escala (Palestina, Ucrania…) que no cesan. «Esa persecución cambia al llegar a destino, se transforma y se materializa en racismo y discriminación y se vuelve su realidad cotidiana», han denunciado.

Asimismo, según los datos proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el año 2023, 3.155 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo; y, hasta mayo de este año, 923 personas. En los últimos diez años, 29.827. España ocupa el tercer puesto del ranking de países con más solicitudes de asilo de la Unión Europea. Sólo en Euskadi, el año pasado, se registraron 6.153 solicitudes. A pesar de ello, son muy pocas las solicitudes que terminan aprobándose. En 2023, sólo el 12%.

Es por ello que, desde los colectivos, han reivindicado el derecho de toda persona migrante y refugiada a llegar a Euskadi «sin poner su vida en riesgo, facilitando vías legales y seguras de acceso»; con un sistema de citas ágil para la solicitud de asilo, y con un estudio individualizado de los casos, para garantizar y respetar el derecho a la protección internacional.

Además, a fin de evitar más muertes, han exigido que se eliminen la criminalización y persecución de las organizaciones que brindan salvamento marítimo humanitario. Y, para acelerar los procesos en su llegada, que se reformule el funcionamiento actual del servicio municipal de urgencias sociales de Bilbao, para que «personas migrantes y refugiadas y otras personas en situación de calle sean atendidas con la prontitud que requiere la situación de vulnerabilidad de muchas de ellas». Para ello, también han exigido que se garantice el derecho al empadronamiento a través de los servicios sociales; el acceso a la vivienda social, recursos y prestaciones sociales, educativas, sanitarias y culturales, incluida la facilitación del acceso a la red de atención de salud mental o a dispositivos grupales de trabajo psicológico.

Asimismo, han reivindicado que las políticas públicas se den desde un enfoque intercultural y antirracista; que se ponga fin a las identificaciones policiales por perfil racial por medio de la formación y sensibilización; que cesen los controles fronterizos terrestres en la frontera de Euskadi con Francia que se practican por perfil étnico. Y que se garantice, a través de un marco legislativo que contemple mecanismos de control y rendición de cuentas, «el principio de coherencia de políticas para el desarrollo asumido por el propio Gobierno Vasco y las diputaciones, para avanzar en el respeto y la garantía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el cuidado del medio ambiente».

En resumen, hoy, han exigido el reconocimiento de las personas refugiadas como parte de la sociedad vasca; interés en conocer su historia, su cultura, valorar su trayectoria, y acercamiento para compartir espacios, vivencias y fomentar una verdades «convivencia intercultural».

Convocantes: Zehar, Batikumba, Amnistía Internacional, Lumaltik, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Aldarte, CEAR, Famek, Munduko Medikuak, Mundubat, Mulisol, Caminamos para Crecer, Bigite Elkartea.

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