Reportajes

Por DavidBM

Bilbao, 11 abril 2026 – Decenas de personas se concentraron este jueves frente a la oficina de Extranjería de Bilbao, en la calle Barroeta Aldamar, convocadas por la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, en el marco de una jornada de protesta transnacional contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo, bajo el lema “Este pacto mata”.

La movilización, que coincidió con el segundo aniversario del acuerdo aprobado en 2024, se desarrolló de forma simultánea en distintas ciudades de Europa y África, en una jornada coordinada para denunciar lo que los colectivos califican como un endurecimiento estructural de las políticas migratorias europeas.

Durante la concentración se dio lectura a un manifiesto que combinó castellano y euskera, en el que se trazó una crítica de fondo al modelo migratorio europeo. “Hace dos años, el 10 de abril de 2024, el Parlamento Europeo adoptó el Pacto Europeo sobre Asilo y Migración. No es un marco de protección, sino un dispositivo de gestión de poblaciones”, señalaron, denunciando que la movilidad humana se regula “según criterios de utilidad económica, control y seguridad”.

El texto profundiza en la dimensión política del derecho migratorio: “El llamado ‘derecho’ en este ámbito no es neutral: decide quién puede entrar, quién puede ser explotado y quién debe ser expulsado”, afirmaron, en una lectura que situó la frontera como algo más que una línea física: “no es un límite geográfico, sino un sistema económico global de extracción, clasificación y gestión de vidas”.

Desde una perspectiva anticolonial, el manifiesto vincula las actuales políticas migratorias con procesos históricos de dominación: “Mugen sistema hau kolonialismoaren jarraipen eguneratua da”, denunciando que la securitización de fronteras y su externalización constituyen una continuidad del colonialismo.

En ese sentido, se advirtió que Europa no actúa de forma aislada, sino como parte de una tendencia global: “Europa ez doa kontrako norabidean; beldurra eta segurtasuna botere politikoaren tresna bihurtu dira”, en un contexto de auge de la extrema derecha y normalización del racismo institucional.

Las personas convocantes denunciaron que la implementación del pacto en 2026 consolida procedimientos acelerados en frontera, la ampliación de la detención, listas de países “seguros” y la externalización del control migratorio, lo que, en la práctica, supone una limitación del derecho de asilo: “Praktikan, horrek esan nahi du asilo-eskubidea ez dela unibertsala”.

El manifiesto también puso el foco en la dimensión económica del control migratorio: “Migrazioaren kontrola ez da politika hutsa: merkatu bat da”, denunciando la existencia de una industria de fronteras vinculada a la vigilancia, la seguridad y organismos como Frontex. “Muga bera kapital metaketa espazio bihurtu da”, añadieron.

En el caso del Estado español, se subrayó el papel de la frontera sur como espacio de contención: “Canarias, Ceuta y Melilla funcionan como laboratorio”, junto a los CIE y las devoluciones en caliente, mientras que en Euskal Herria se denunció la brecha entre discurso institucional y realidad: “Euskal Herrian, harrera diskurtsoaren eta errealitate materialaren arteko arrakala agerikoa da”.

A estas críticas se suma el rechazo a nuevas medidas europeas para acelerar deportaciones y crear centros en terceros países: “Indarkeria ez da desagertzen: kanporatu egiten da, ikusgarritik kanpo”, alertaron.

El texto también cuestiona el modelo de solidaridad europea: “Ez da elkartasuna: erantzukizunaren erosketa da”, en referencia a los mecanismos que permiten a los Estados evitar la acogida mediante compensaciones económicas.

Asimismo, denunciaron el refuerzo de sistemas de vigilancia: “Atxiloketa eta kontrola normalizatzen ari dira Europako mugan”, advirtiendo de una arquitectura creciente de control basada en datos y biometría.

En este contexto, el manifiesto concluye que el pacto “no es una anomalía, sino una pieza central de un orden global que organiza la desigualdad a través de la frontera”.

Frente a ello, las organizaciones convocantes plantearon una batería de exigencias: el fin del régimen de deportaciones y detención administrativa -“Deportazio eta atxiloketa sistemaren amaiera”-, el cierre de los CIE, la desmilitarización de fronteras, el fin de su externalización y un modelo basado en la libertad de movimiento y la justicia global, junto al refuerzo estructural de los recursos de acogida en Euskal Herria.

También reivindicaron el papel de los movimientos sociales: “Espainiako Estatuan erregularizazio prozesuak borroka sozialaren emaitza direla aitortzea”, subrayando que los avances en derechos han sido fruto de la organización colectiva.

La concentración concluyó con consignas como “Inor ez da ilegala” y “Ni muros ni vallas ni muertes en las fronteras”, en una jornada que volvió a situar el debate migratorio en el centro de la agenda política y social europea.