Por Laura Fontalba
Esta mañana, integrantes de Berri Otxoak, plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales, se han concentrado ante el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar los recortes sociales en las ayudas municipales.
La plataforma ha denunciado que, un año más, el Ayuntamiento ha recortado en las ayudas, ha endurecido los requisitos de acceso y ha reducido las cuantías de las prestaciones que cubren las necesidades más básicas. Unos recortes que ya fueron denunciados por el Defensor del Pueblo en julio de 2022 y que afectarán a las 3.000 familias barakaldesas que solicitan estas prestaciones. «El Gobierno Vasco establece una horquilla entre 50.000 y 90.000 euros. El equipo de gobierno ha decidido establecer el límite de ahorro en 22.000 euros», han denunciado.
Según han concretado, los recortes en las cuantías destinadas a atención sanitaria, necesidades primarias, educación y alimentación (de 2.500 euros a 1.200 euros); a gastos de adaptación y reparaciones de vivienda (de 1.850 euros a 600 euros); a gastos y mantenimiento de la vivienda habitual, como agua, IBI, alcantarillado, Seguro o Comunidad (de 1.500 euros a 800-400 euros); a gastos de energía (de 1.500 euros a 500 euros); y a la partida destinada a mantener y garantizar instalaciones mínimas de vivienda o el acceso a electrodomésticos básicos (de 1.850 euros a 700 euros).
«La falta de un presupuesto suficiente conlleva recortes a las cuantías, su acceso y que queden desatendidas familias necesitadas de ayuda», ha denunciado la plataforma, que observa con preocupación cómo se incrementan incrementan las dificultades de las familias barakaldesas para atender sus necesidades más básicas —como vivienda o alimentación— y, en consecuencia, las situaciones de precariedad y pobreza, sin que el equipo de Gobierno considere siquiera ampliar los servicios sociales municipales.
Deja tu comentario