Por Laura Fontalba
El pasado viernes, el Comité de Empresa de Petronor denunció la política de sanciones de la empresa por considerarla «injusta» y «abusiva», tras la suspensión de empleo y sueldo durante siete días a un trabajador por «cumplir una orden errónea de su superior».
Desde el comité aseguraron que la dirección de Petronor está sancionando a la plantilla «de forma arbitraria y desproporcionada» con el objetivo de generar «un clima de miedo que dificulta una relación laboral sana». Una afirmación que sustentaban con que «prácticamente todos los casos judicializados se resuelven favorablemente para las y los trabajadores», como ocurrió recientemente con una sentencia del TSJPV a favor de un trabajador cuyo despido se declaró «improcedente», porque era «desproporcionado».
No obstante, desde el comité explicaron que revocar las sanciones en los juzgados no es suficiente, porque con los castigos se pone en duda el «buen hacer profesional» del trabajador o la trabajadora, señalada ante todo el colectivo al abrirles un expediente sin siquiera «realizar un análisis exhaustivo de las causas». De hecho, según declararon, estos casos se dan mayoritariamente con labores cotidianas, cumpliendo órdenes y sin ninguna relación directa entre la sanción y el beneficio personal.
En consecuencia, los y las trabajadoras desconocen en qué casos concretos podrían ser sancionadas y se genera un ambiente de desconfianza e inseguridad en los puestos. «No podemos permitirnos que los y las trabajadoras tengan miedo en su puesto de trabajo. (…) Política del miedo que, además, va a acompañada de incumplimientos de convenio», aseguraba el comité.