Esta mañana, en concreto a las 10:30 horas, y bajo este lema varias personas se concentrarán, y entrarán en las oficinas, del Lanbide de Mazarredo con buzos naranjas, bolsas en la cabeza, cadenas y grilletes para denunciar los recortes promovidos por el Gobierno Vasco y el aumento de las situaciones de pobreza en la CAPV.
Aumentan los índices de pobreza en la CAPV
Así, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE)…
– El 10’5% de las familias de la CAV sufre situaciones de pobreza;
– El 12’3% de los hogares tiene serias dificultades para llegar a fin de mes;
– El 24’2% no tiene capacidad para afrontar ningún gasto imprevisto para asegurar la habitabilidad de su vivienda habitual; una adecuada alimentación, atención sanitaria o el acceso al sistema educativo a través de la compra de libros, transporte…
– El 5% de las familias tienen pendiente el pago de la hipoteca, el alquiler, la luz o el gas.
– El Gobierno Vasco nos condena a los recortes y la pobreza.
Ante un aumento de las solicitudes, producto de la actual situación de crisis, el Gobierno Vasco ha decidido aplicar nuevos recortes en el acceso a las prestaciones sociales.
– Lanbide retira la Renta de garantía de Ingresos a las personas con empleos precarios y salarios bajos.
– Supresión del cobro de la RGI a las familias monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios, la crisis económica y que sean acogidas por sus familiares.
Recortes y malas prácticas de Lanbide.
– A estos recortes le debemos sumar una serie de malas prácticas por parte de Lanbide:
– Notificaciones vía Boletín Oficial del País Vasco. Durante el año 2013 Lanbide dio por “desaparecidas” a más de 15.000 personas; comunicando vía BOPV cualquier procedimiento administrativo*. En 2014, son ya más de 4000, las notificadas por este medio, y sin cumplir con ningún sistema de notificación o tan siquiera enviar alguna carta.
– Incumplimiento del procedimiento administrativo y suspensiones cautelares que vulneran los derechos que les asisten a las personas usuarias de Lanbide a la hora de la tramitación y resolución de los expedientes. En el 90% de los casos la administración da la razón a la familia suspendida; la cual ha de sobrevivir 8 meses sin ningún recurso económico.
– Existencia de retrasos en la actualización de los expedientes de un año.
