Por DavidBM
Bilbao, 14 de noviembre de 2025 – En el marco de la escalada internacional de alertas sobre la situación en los territorios palestinos ocupados y las relaciones con el complejo industrial militar israelí, surgen desde el País Vasco dos denuncias que ponen en cuestión la responsabilidad social de las empresas y de los sindicatos en la cadena global de producción y comercio.
La primera tiene como protagonista al sindicato ELA, que ha registrado formalmente una petición ante la dirección de Coca‑Cola Norbega, filial de la multinacional en la planta de Galdakao (Bizkaia). Según ELA, con una representación de siete delegadas y delegados en la fábrica vasca, la compañía “no puede sostener ningún tipo de relación con un Estado que está llevando a cabo el genocidio sobre el pueblo Palestino”. En concreto, reclama el cese de la actividad y el cierre de la planta del asentamiento israelí de Atarot (Jerusalén Este, territorio palestino ocupado), operada por la franquicia local Central Bottling Company.
La fábrica vasca emplea aproximadamente 270 personas, y el comité de empresa está compuesto por 7 personas de ELA y 6 de UGT. Cabe recordar que Atarot forma parte de lo que diversos informes consideran como una zona industrial israelí en territorio ocupado, lo que varios organismos estiman como una vulneración del derecho internacional. La vinculación de Coca-Cola con esa zona ha sido objeto de campañas de boicot y denuncia, al considerar que operar en un asentamiento israelí supone colaborar con la ocupación.
La segunda denuncia parte del movimiento BDZ Euskal Herria (Boikot, Desinbertsio eta Zigorrak), que acusa a la empresa vasca Juaristi Boring and Milling Machines, con sede en Azkoitia (Gipuzkoa), de haber exportado 1.075 kilogramos de rodamientos de ruedas a la división de guerra terrestre de Elbit Systems, empresa de armamento israelí, en enero de 2025. El envío habría sido transportado en el vuelo UX1301 de Air Europa desde Madrid a Tel Aviv el 29 de enero.
En su web, Juaristi declara ofrecer “grandes resultados para el mecanizado de componentes de la industria de la defensa”, lo que, según BDZ, confirma su implicación directa en tecnología militar.
BDZ Euskal Herria exige que la empresa vasca termine de inmediato toda relación con el complejo militar israelí, y pide a las instituciones vascas que establezcan mecanismos para impedir que empresas del territorio participen en la maquinaria militar israelí o se beneficien de la ocupación de Palestina. El informe vincula la exportación a Elbit Systems con el hecho de que esta empresa suministre el 80 % de las armas y equipamiento militar de las fuerzas terrestres de las Israel Defense Forces (IDF).
Ambas denuncias convergen en un tema mayor: la responsabilidad social de las empresas del País Vasco en conflictos internacionales y la capacidad de los sindicatos y movimientos sociales para plantear la exigencia ética y política. Por un lado, ELA actúa contra un gigante global que opera en una zona considerada por la comunidad internacional como ilegal; por otro, BDZ pone en el punto de mira una empresa local que participa (según sus argumentos) en la cadena de producción militar de un Estado en conflicto.
Desde el ámbito sindical hasta el del activismo empresarial y político, el eje está en preguntarse: ¿puede una fábrica vasca funcionar sin considerar el origen de sus relaciones internacionales? ¿Pueden los trabajadores y las comunidades locales exigir más allá del empleo, reclamando coherencia ética global?
La crisis humanitaria en Palestina, los informes de ocupación y apartheid, el comercio de armas o componentes, la producción en asentamientos… todo apunta a que la presión social, mediática y jurídica puede cambiar el rumbo de lo que hasta ahora era considerado “negocio normal”. Por ejemplo, el caso de Juaristi recuerda al de AMC Mecanocaucho, que rompió sus vínculos con Elbit Systems tras revelarse una exportación similar.
En definitiva, se abre un debate que va más allá del localismo: la planta de Galdakao, el envío de Azkoitia y sus implicaciones globales muestran que ningún acto empresarial ocurre en aislamiento. Las empresas vascas están inmersas en un sistema global donde el trabajo, la producción y el comercio tienen impacto directo en conflictos internacionales. Y los sindicatos y movimientos sociales lo han entendido: no basta con exigir empleo digno, también reclaman responsabilidad ética y transparencia en la relación con el exterior.
