Reportajes

Por DavidBM

Bilbao, 16 diciembre 2025 – El Sindicato de Vivienda de Bilbao ha denunciado públicamente la política de vivienda impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao en el marco del proyecto urbanístico de Zorrotzaurre, presentado institucionalmente como una “isla sostenible y diversa” con vivienda pública y oportunidades para todos. Según el colectivo, ese relato encubre un modelo que convierte la vivienda pública en un negocio para constructoras, fondos de inversión y grandes rentistas, en línea con las políticas urbanísticas desarrolladas por PNV y PSE.

El Sindicato sostiene que la supuesta apuesta municipal por la vivienda protegida está generando precios inasumibles, expulsión de vecinos y un proceso de especulación que contradice el discurso oficial. Como ejemplo, apunta a operaciones como la realizada por la promotora URBAS, que a través de Jaureguizar vendió 314 viviendas al fondo británico M&G Real Estate por 98 millones de euros, y posteriormente otras 143 viviendas de alquiler protegido al fondo español Q Living.

Según denuncia el colectivo, estas operaciones se han beneficiado de ventajas propias de la vivienda protegida, como el acceso a suelo público a precio reducido o subvenciones públicas, reforzadas por la nueva Ley vasca de vivienda, lo que, a su juicio, consolida un modelo en el que lo público actúa como palanca para la rentabilidad privada.

Vivienda pública que no lo es tanto

El Sindicato de Vivienda de Bilbao advierte de que una parte significativa de las promociones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y Vivienda de Precio Tasado (VPT) ha quedado en manos de empresas privadas como Jaureguizar. Denuncia, además, que estas compañías han exigido a familias trabajadoras pagos adicionales por supuestos sobrecostes, una práctica que el colectivo califica de inédita e inaceptable en el ámbito de la vivienda pública.

A ello se suma la promoción de Vivienda de Precio Tasado por constructoras como Loiola o Amenabar, con precios que, incluso según los propios baremos institucionales, superan los 280.000 euros, una cifra que el Sindicato considera incompatible con el acceso real de la mayoría de la población trabajadora.

Desalojos y cesión de espacios municipales

El comunicado sitúa este modelo dentro de una política más amplia de gestión del suelo público. En octubre, cerca de 80 personas fueron desalojadas del pabellón Lancor, y está previsto un nuevo desalojo del pabellón Consonni en febrero. Ambos espacios, de titularidad municipal, han sido cedidos para el desarrollo del proyecto Bilbao Bizkaia Digital Faktory, impulsado por la cooperativa Mondragón, pese a la existencia de iniciativas vecinales previas.

El Sindicato denuncia que muchas de las personas desalojadas siguen alojadas en albergues sin estabilidad, obligadas a abandonarlos durante el día y sin una alternativa real de vivienda, mientras el Ayuntamiento presume de su política de vivienda protegida y de haber sido reconocido como destino atractivo para la inversión inmobiliaria internacional.

Organización frente a la especulación

Ante este escenario, el Sindicato de Vivienda de Bilbao anuncia que en las próximas semanas organizará recogidas de ropa y alimentos para hacer frente a un posible nuevo desalojo. Al mismo tiempo, continuará denunciando la colaboración entre instituciones públicas, constructoras y fondos de inversión, y defiende que solo mediante la organización colectiva será posible frenar la especulación y proteger a quienes están siendo expulsados de sus casas.