Por Laura Fontalba
ELA, la Confederación Intersindical Galega (CIG) y La Intersindical han anunciado movilizaciones conjuntas para mostrar todo su rechazo hacia la nueva reforma de pensiones aprobada por el gobierno español por Real Decreto Ley.
Estas organizaciones sindicales de Euskal Herria, Galiza y Catalunya se han reunido, esta mañana, online para, en Bilbao desde la sede de ELA, para explicar las causas de se rechazo: «Decimos no a esta reforma, porque consolida los recortes de 2011 y da nuevos pasos en la misma dirección —y han añadido— Es una reforma de pensiones regresiva que profundiza en la privatización del sistema público».
Sindicatos han explicado que esta reforma no sólo contiene recortes, como los que afectan a las personas menores de 50 años al pasar de calcular la cuantía de las nuevas pensiones con los últimos 29 años, en lugar de 25; sino que también abre vía a recortes a corto plazo. «Lo acordado muestra que en marzo de 2025, y luego cada 3 años, se da la potestad a la Airef para valorar la situación del sistema de pensiones y plantear medidas que sin duda van a ser la base de recortes futuros», han asegurado.
Además, han mostrado su descontento ante el hecho de que esta nueva reforma no plantea correcciones sino un empeoramiento respecto a las medidas tomadas con la reforma de 2011; como el aumento en la edad de jubilación de 65 a 69 años —edad la nueva reforma no mejora—; pasar de 15 años para el cálculo de la pensión a 25, ahora aumentado a 29; o recortar las jubilaciones anticipadas, situación que se empeoró con la reforma del 2021. Misma situación observan con las pensiones mínimas, que aún están por debajo del umbral de pobreza y, tal y como han explicado, si se aplican los criterios acordados, en 2027 estas estarán por debajo de los 800 euros. Y no se han olvidado de la brecha de género, perpetuada con la reforma, pues las medidas para frenarla son apenas imperceptibles.
«Esta reforma no deriva de un debate democrático abierto a todos los agentes sociales, pues se aprueba a través de un decreto ley, fruto de la extorsión del órgano de gobierno de la Unión Europea», han asegurado.
Con esta situación, organizaciones sindicales impulsarán una dinámica de movilización propia en sus territorios para rechazar la reforma, reivindicar la edad de jubilación a los 65 años, 15 años para calcular la pensión, y una pensión mínima de 1.260 euros aprobada por ley. Las movilizaciones tendrán lugar el 29 de marzo en Galiza, 30 de marzo en Catalunya, y 4 y 20 de abril en Euskal Herria.
