Reportajes

Por Laura Fontalba

Como cada año, este pasado sábado, Ongi Etorri Errefuxituak (OEE) ha celebrado la Marea Horia 2024 en las playas de Górliz y Plentzia. Un acto que, apoyado por más de 90 entidades vizcaínas, pretende visibilizar la dura realidad de aquellas personas que, cada año, llegan a Europa obligadas a abandonar sus países de origen; y, por otro lado, instar a gobiernos y organizaciones a adoptar «políticas migratorias y de acogida que respeten los derechos humanos».

Según los datos ofrecidos por la Organización Internacional de Migraciones, los últimos 10 años, han fallecido casi 60 mil personas a causa de las migraciones forzadas, una realidad que las instituciones europeas están ignorando mientras continúan saqueando los recursos de otros países, generando «desigualdades sociales, violencia, conflictos y guerras» y, en consecuencia, crisis humanitarias y ambientales cada vez más intensas. «En lugar de contribuir a crear las condiciones económicas y sociales para no tener que salir de manera forzada de sus países de origen, de establecer políticas migratorias basadas en el respeto a los derechos humanos, gestionadas de manera ordenada y legal, criminalizan el derecho a migrar, tal y como se pone de manifiesto en el recién aprobado Pacto sobre Migración y Asilo de la UE», ha explicado OEE. Un acuerdo que «no es más que la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión aplicadas hasta la fecha, cuyo núcleo central es el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones».

Con las recientes acampadas de jóvenes migrantes en los bosques en torno a Getxo y Uribe Kosta, OEE ha advertido sobre la importancia de que las instituciones en su conjunto (gobierno español, gobierno vasco, diputaciones forales, mancomunidades, y ayuntamientos) aborden cambios en las medidas de acogida una vez estas personas llegan a los territorios. Concretamente, han denunciado que estas no tengan garantizada una alimentación básica, a través de tarjetas comedor, o un mejorado acceso al padrón social, que es un derecho recogido por la legislación vigente, pero que continúa incumpliéndose. «Exigimos que se garantice ya el acceso a la tarjeta de comedor para todos ellos y que sean empadronados en un plazo no superior a tres meses (…) Es necesario que las citas no superen las dos o tres semanas, reforzando el personal de los servicios sociales, si es preciso. Igualmente, consideramos conveniente la adecuación y la apertura, de manera permanente, del albergue de Berango», han explicado.

De la misma manera, han hecho hincapié en la importancia de facilitar el acceso al padrón municipal, que es «la puerta de entrada para el acceso a muchos derechos», tales como disponer de tarjeta sanitaria, acceder a la educación básica de menores, realizar cursos de Lanbide o acceder a prestaciones sociales básicas. «Solicitamos a las instituciones vascas, al gobierno vasco, a las diputaciones forales, a las
mancomunidades y a los ayuntamientos, que adopten las medidas necesarias para cubrir las necesidades básicas de las personas inmigrantes presentes en nuestros municipios, y a la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), la puesta en marcha de un protocolo que garantice el empadronamiento de todas las personas que viven en nuestros municipios y que no pueden hacerlo por los requisitos actualmente exigidos», han sentenciado.