Por DavidBM
Bilbao, 18 abril 2026 – Decenas de personas se concentraron ayer frente a los juzgados de Bilbao para mostrar su apoyo a Mikel Zuloaga, “Mikelon”, llamado a declarar por los hechos ocurridos tras la protesta contra CAF del pasado 13 de diciembre de 2025, cuando una acción de denuncia en la Plaza Circular acabó con su detención por parte de la Ertzaintza. La concentración convirtió la cita judicial en una nueva denuncia pública contra lo que los colectivos convocantes consideran una ofensiva represiva contra la solidaridad con Palestina.
La protesta de diciembre se produjo después de que varias personas se tumbaran sobre las vías del tranvía de Bilbao para exigir que CAF rompiera sus contratos con Israel. Aquella misma jornada, el Departamento de Seguridad sostuvo que una persona había sido detenida por negarse a identificarse y que se habían producido cuatro agentes heridos por contusiones, además de atribuir incidentes y desórdenes a la movilización. Los convocantes, por su parte, denunciaron una actuación policial violenta y defendieron que la acción había sido pacífica hasta la intervención de la Ertzaintza.
Ese choque de relatos no quedó ahí. Dos días después, Sumar registró preguntas en el Parlamento Vasco para exigir explicaciones sobre la actuación policial, reclamando datos concretos sobre la orden de intervención, los supuestos atestados por agresiones a agentes y los partes médicos de los heridos anunciados oficialmente. Meses más tarde, Ecuador Etxea publicó que el Gobierno vasco habría admitido en sede parlamentaria que no constaban registros médicos de agentes heridos tras aquella intervención, una información que ha alimentado las acusaciones de que se construyó un relato institucional sobredimensionado sobre lo ocurrido.
En ese contexto compareció ayer Zuloaga, y, según los convocantes, acusaron al Ejecutivo vasco de “judicializar acciones pacíficas” en lugar de depurar responsabilidades de las empresas señaladas por su relación con la ocupación israelí. El activista declaró por una imputación de “desobediencia grave” ligada a su negativa a identificarse y deberá volver a los juzgados el próximo 5 de mayo, junto a otros encausados, esta vez por el bloqueo del tranvía durante aquella acción.
El trasfondo político del caso es CAF. La compañía lleva meses en el centro de la controversia por su participación en el Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura denunciada por organizaciones propalestinas por conectar asentamientos israelíes en territorio ocupado. En septiembre de 2025, la empresa defendió públicamente que no había detectado vulneraciones de derechos humanos en el proyecto y aseguró que su actividad generaba “impactos positivos” para la población. Sin embargo, esta semana se ha sabido que la Fiscalía investiga una denuncia presentada contra el consejo de administración de CAF por su posible papel en una infraestructura que, según los denunciantes, contribuye a consolidar la anexión ilegal de Jerusalén Este y la expansión de los asentamientos.
La concentración de ayer enlazó así el procedimiento judicial abierto en Bilbao con un conflicto mayor: el de la responsabilidad política, policial y empresarial ante la ofensiva israelí sobre Palestina. Entre consignas a favor de Palestina y denuncias contra la colaboración institucional con el sionismo, los asistentes insistieron en que “reprimir la solidaridad” sirve también para desviar la atención sobre quienes siguen haciendo negocio con la ocupación.
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