Por Laura Fontalba
La coordinadora de Vivienda Euskadi y Stop Desahucios han celebrado que se han suspendido hasta el 31 de diciembre los desahucios de tres familias vulnerables vascas.
Los desahucios por impago de alquiler estaban previstos para los días 6 y 10 de octubre, y 15 de noviembre en aplicación del RDL 11/2020, pero que, gracias al paraguas protector que es el RDL 5/2023 se han suspendido hasta el 31 de diciembre.
Ante este suceso, la organización ha denunciado el «insuficiente» parque público de alquiler social, que dificulta el acceso a alquileres asequibles, así como la existencia de miles de viviendas vacías que los Ayuntamientos no están movilizando para el alquiler según lo previsto en la Ley de Vivienda Vasca, el «negocio lucrativo» de pisos turísticos o el alquiler de temporada sin regulación que dificultan el acceso a la vivienda. De hecho, la organización ha denunciado que, los alquileres en Bilbao ascienden ya a 1.045 euros; en Donosti, a 1.400 euros; y, en Gasteiz, a 900 euros. Una situación que ha desembocado en que el elevado precio de los alquileres sea la causa principal de demandas de desahucio.
Cabe destacar que, como excepción, sí han valorado «positivamente» que los principales ayuntamientos hayan apoyado la moción para solicitar que el Gobierno Vasco les declare «zona tensionada», en la que poder limitar el alquiler según el artículo 18 de la Ley de Vivienda estatal, recurrida por el PNV ante el Tribunal Constitucional por «invasión de competencias».
A pesar de ello, han recordado que los Gobiernos central y vasco tienen una «enorme responsabilidad», porque no prorrogar el paraguas protector permitiría que los jueces fijen nuevas fechas de desahucio a miles de familias y sin garantizar alternativas habitacionales.
La organización ha recordado también que existe la instrucción 2/2023 de la Consejería de Vivienda del 10 de noviembre sobre la creación del Servicio de Conciliación e Intermediación aplicable a inquilinos vulnerables con desahucios suspendidos hasta el 31 de diciembre, que obliga a demandantes grandes tenedores (es decir, aquellos demandantes que tiene cinco o más viviendas en alquiler) a conciliar con el inquilino vulnerable a través de Bizigune dependiente de las Delegaciones de Vivienda territoriales, en el caso de que el desahucio sea otra vez fijado. No obstante, la mayoría de demandantes no son grandes tenedores, por lo que no existe salvaguarda para sus inquilinos. «Si no se renueva el RDL 5/2023 o no se implementan medidas eficaces para dotar de una salida habitacional para estos desahucios promovidos por pequeños tenedores, la cruda realidad va a ser la de muchas familias con menores a su cargo durmiendo en la calle en pleno invierno», han lamentado.
