Reportajes

Por Laura Fontalba

Ayer, convocadas por SOS Racismo Bizkaia, colectivos denunciaron la actuación policial en la que, el pasado 21 de marzo de 2024, dos personas jóvenes que pernoctaban en Barakaldo resultaron heridas de bala; una de ellas, a punto de perder la vida.

Paradójicamente —explicaban estos colectivos—, en el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, la policía municipal de Barakaldo desalojó a varias personas, migradas y racializadas, del túnel tapiado en el que se cobijaban, próximo a las inmediaciones del Garbigune. Durante el desalojo, dos personas resultaron gravemente heridas tras ser disparadas por los policías con sus pistolas reglamentarias. El resultado de uno, tres balazos en zonas vitales (cabeza, abdomen y pecho) con la consecuente mutilación de partes de su cuerpo; y de otro, un disparo en el hombro, con consecuencias psicológicas y emocionales.

«Las víctimas de esta actuación policial desproporcionada y racista eran personas que pernoctaban en la zona por no disponer de vivienda», denunciaron estos colectivos, que, mediante la concentración, quisieron mandar un mensaje de inadmisión y repulsión hacia una acción preventiva que de ningún modo debería haber terminado con disparos; y sobre la que consideran que no hubiese terminado igual si las personas implicadas hubieran sido «jóvenes blancos».

De hecho, aseguraron que no es un caso aislado, sino el fruto de un uso desproporcionado de la fuerza, a raíz de una «brutalidad policial racista» que genera una grave violación de los derechos humanos y el atentado contra la vida de las personas. Recordaron que existen otros cuatro casos similares en el Estado español: Mame Mbaye y Mahmoud Bakhum, dos manteros que murieron mientras huían de la policía en Madrid y Sevilla; Monsif, de 23 años, fallecido tras ser disparado por un agente con su taser y caer desde el muro en el que se encontraba en Peñíscola; o Kebyn Brayan, asesinado a tiros en la puerta de su casa al alcanzarle 6 de los 18 disparos que efectuó la policía. Todos ellos, sin una investigación clara, a pesar de las demandas de familias y asociaciones de Derechos Humanos y antirracistas; y estar respaldado por una sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la cual se condena a España y a sus cuerpos policiales.

«Los cacheos humillantes, las paradas por perfil étnico, el abuso de poder, los insultos, el uso de la fuerza desproporcionada y ahora armas de fuego, ¿quién vigila a la policía?», se preguntaban estos colectivos, que exigen alarmados investigaciones justas, reparación para las víctimas y el fin del racismo policial, pues «no es normal que un hecho relatado como un desalojo tenga como fin a una persona que se debatió entre la vida y la muerte».