Por Laura Fontalba
El pasado miércoles, psicólogas y trabajadoras sociales de la Diputación Foral de Bizkaia, Bizitu, Koloretxe, agentes de Tartekari Sarea y representantes del Movimiento Feminista (Bilbao y Portugalete) asistieron a las Juntas Generales de Bizkaia para presenciar el debate y la votación respecto a la recuperación de ciertos servicios especializados para atender de manera directa a mujeres víctimas de violencia machista. Una votación que resultó negativa para las trabajadoras.
Todo comenzó cuando, el 26 de enero, sin aviso previo a estas trabajadoras —que tienen un trato directo y habitual con Emakunde, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia— sobre las decisiones que se querían acordar, representantes del Departamento de Función Pública y la Dirección de Inclusión Social del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad anunciaron que iban a eliminarse tres de las cuatro plazas que conforman psicólogas en el Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia; y que querían aplicar una nueva herramienta de valoración de las víctimas, que para las trabajadoras resulta «excluyente» y de «desprotección», pues ni se basa en una visión interdisciplinar ni tiene en cuenta a los y las menores.
Hasta el momento, el servicio, creado en 1987 y que se ha ido adaptando con perspectiva de género a los cambios sociales, se conformaba por cuatro Trabajadoras Sociales, cuatro Psicólogas, seis administrativas y un TAG. Un equipo que, a palabras de las asociaciones: «permite atender desde un marco global e integral las necesidades de las mujeres y sus hijos e hijas». Por lo que la decisión de eliminar varios de los servicios que se ofrecen en él supone «una gran pérdida en la erradicación de la violencia machista en Bizkaia».
Recientemente, desde la Red de Euskadi de Supervivientes de Violencia Machista, junto a las ya mencionadas asociaciones, denunciaron que estas decisiones no son más que un modo de «desmantelar» el servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia machista. De hecho, ellas mismas llevan años acompañando a mujeres víctimas de violencia machista, por lo que son conscientes de la importancia que tienen el apoyo social e institucional y de cómo han evolucionado los recursos institucionales a lo largo de los últimos años. Por lo que se reafirman en que, para que la atención ofrecida sea universal y de calidad, debe ser pública.
A lo largo del último mes, ambas asociaciones se han movilizado para exigir que se ofrezca una atención integral a todas las víctimas, tal y como se establece con la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres: “Las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, deben asegurar el derecho que toda víctima de violencia machista contra las mujeres tiene a una atención prioritaria, integral, gratuita, accesible y de calidad, prestada por profesionales con capacitación específica y adaptada a sus necesidades». A pesar de ello, ayer, las Juntas Generales dijeron «no» a sus reivindicaciones, que fueron presentadas en una moción por EH Bildu.
A lo largo del debate, partidos políticos como PNV o PSE fueron quienes más reafirmaron su desacuerdo al considerar que se está planteando una visión «muy alejada de la realidad», porque asegurar que se esté desmantelando el modelo de intervención o desprotegiendo a las víctimas no es dar «datos efectivos y reales» y refleja una «gran falta de rigor y desconocimiento» de los marcos jurídicos. Un planteamiento que siguieron desde el PNV al asegurar que no se van a eliminar las entrevistas a las víctimas y toda mujer que sufra violencia machista tiene «garantizados» todos los recursos necesarios. «¿Cómo vamos a recuperar algo que no se ha perdido? Porque no se ha dejado de hacer la valoración psicosocial», llegó a plantearse Begoña Gil, portavoz del PSE. Quien, además, quiso mandar un mensaje «alto y claro» a las mujeres vizcaínas, asegurando que «ni se desmantela, ni se las desprotege (…) El modelo del 2021 refuerza la atención a las víctimas porque las coloca en el centro con una mirada feminista». Una serie de afirmaciones que Bea Ilardia, portavoz de EH Bildu, desmintió: «Primero, actúa una trabajadora social para medir el riesgo de la víctima (…) Después, la van a mandar de nuevo a los servicios de base, no a los especializados. (…) Tenemos mucho rigor y también rigor jurídico. No hay diagnóstico para terapia psicológica». Es por ello que, la moción planteaba «programas efectivos» con atención psicológica incluso desde el momento en el que las mujeres no saben ni que son víctimas de violencia machista. «Creemos en la escucha activa, en dar pasos, pisar la calle y rodearnos de especialistas que nos ayuden a ver dónde está el problema», aseguró Ilardia y sentenció momentos antes de la votación: «Hay que dejarse de postureo morado y rodearse de profesionales que nos aconsejen».
Así lo corroboró también Inma Mata, de Bizitu. «Se sigue sin entender muy bien lo que sufre una mujer cuando es víctima de violencia machista (…) Lo hemos visto hoy aquí», aseguraba ella, quien, tras finalizar las votaciones, lamentó cómo las instituciones ignoran que la violencia machista es un problema estructural grave, que empeora con la exclusión que estas generan con su tratamiento. «Para mí, han sido muy lamentables algunas de las intervenciones que se han escuchado hoy aquí, porque demuestran que no se conoce realmente lo que supone la violencia machista en la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos», terminó asumiendo.
En definitiva, la moción lanzada por EH Bildu, que pretendía priorizar una atención «prioritaria, integral, gratuita, accesible y de calidad» para las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijas e hijos, y para la que se hicieron dos votaciones (primero de los puntos 1, 3, 4 y 5; y, después, de los puntos 2, 6 y 7) no salió adelante con los votos en contra de PNV y PSE y, primero, el voto a favor y, después, la abstención de Grupo Mixto – Elkarrekin Bizkaia y la total abstención del PP.
