La mañana de este miércoles 28 de febrero, frente a las oficinas de Extranjería en calle Gran Vía 50 de Bilbao, un grupo de personas manteras pertenecientes a la Plataforma MBOLO MOOYE DOOLE con el apoyo de SOS Racismo-Bizkaia, se han concentrado para volver a denunciar que la Oficina de Extranjería de Bilbao, ha cambiado los criterios para poder regularizar su situación administrativa y ahora les exigen cotizar sobre la base de 800 euros en lugar de los 200 euros anteriores, cantidad que ningún vendedor ambulante puede alcanzar teniendo en cuenta la precariedad de su trabajo. Con esta decisión política, afirman que los quieren meter de nuevo en el agujero de la clandestinidad y de la irregularidad que han sufrido durante muchos años de sus vidas, cuando lo que ellos buscan es poder encontrar una alternativa estable y digna a esa ocupación.
COMUNICADO
Como vendedores ambulantes, habíamos conseguido desde hacía varios años, la regularización de nuestra situación administrativa, – es decir, obtener una tarjeta de residencia – como trabajadores por cuenta propia, y muchos de nosotros pudimos renovar el primer permiso de un año por otro de 2 años con los mismos requisitos y las mismas condiciones de cotización.
Para nuestra gran sorpresa, la Administración competente, o sea, la Oficina de Extranjería de Bilbao, ha cambiado los criterios y nos exige ahora cotizar sobre la base de 800 euros en lugar de los 200 euros anteriores, cantidad que ningún vendedor ambulante puede alcanzar teniendo en cuenta la precariedad de nuestro trabajo, y sin olvidar que todos luchamos para encontrarle una alternativa estable y digna a esta ocupación.
La Administración, mediante esta decisión política, quiere meternos, de nuevo, en el agujero de la clandestinidad, de la irregularidad que hemos sufrido durante muchos años de nuestras vidas.
Tener papeles es un derecho de todas las personas y no es ningún privilegio. Los papeles nos permiten, simplemente, movernos sin miedo, buscar trabajo para vivir del sudor de nuestra frente, también, nos protegen – en cierta medida – de la explotación salvaje que sufren “los sin papeles” por culpa de una Ley de Extranjería discriminatoria y racista que nos entrega al mundo oscuro de la economía sumergida, sin derechos, sin apoyo legal y sin futuro.
