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Interinas y trabajadores públicos temporales de toda España unen fuerzas para decir “basta de abusos”

El colectivo INTERINOEN GREBA y Trabajadores en Abuso de Temporalidad del Ayuntamiento de Bilbao se suman a las convocatorias lanzadas por la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley MI#15F y unen sus fuerzas para exigir “¡FIJEZA YA!” contra el uso abusivo de la contratación temporal en las administraciones públicas.

En vista de que la mayoría sindical y política mira hacia otro lado, trabajadoras y trabajadores temporales del Ayuntamiento de Bilbao, interinas de Educación y del resto de administraciones de la CAV, se han movilizado frente a la Subdelegación del Gobierno, en la Plaza Moyúa de Bilbao, para empezar a poner fin a los “abusos sufridos todos estos años”, aseguran.

Los empleados públicos temporales de toda España se han concentrado frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de 40 ciudades de todas las Comunidades Autónomas como Bilbao, Sevilla, Málaga, Jaén, Granada, Córdoba, Almería, Cádiz, Zaragoza, Huesca, Teruel, Oviedo, Palma, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Santander, Ciudad Real, Toledo, Albacete, León, Valladolid, Barcelona, Sant Cugat del Vallés, Lleida, Valencia, Alicante, Castellón, Badajoz, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Logroño, Madrid, Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. En todas ellas se ha denunciado el uso abusivo de las contrataciones temporales que sufren por parte de sus Administraciones empleadoras, a las que acusan de incumplir sin sanción la norma española y el Derecho Comunitario que protege a todas las trabajadoras y trabajadores, y que además previene el uso abusivo de los contratos de duración determinada. “¡QUEREMOS JUSTICIA Y LA QUEREMOS YA!”.

Así lo exigen miles de personas con nombres y apellidos, que trabajan en favor de unos servicios públicos justos y eficientes. Profesionales del ámbito sanitario -que atienden en urgencias-, del ámbito educativo -que cuidan y educan a las nuevas generaciones, vuestros hijos e hijas-, del ámbito científico, de la psicología, del trabajo social, la veterinaria -que velan por nuestra seguridad alimentaria-, del servicio de limpieza, la administración, la informática, el sector del transporte, etc.

Recuerdan que desde hace más de 20 años, todas las Administraciones Públicas españolas recurren a contratos temporales para cubrir necesidades que no son provisionales y urgentes, sino permanentes y estables, lo que constituye un abuso de la contratación temporal, prohibido por una norma comunitaria de obligado cumplimiento, la Directiva 1999/70/CE que se sigue incumpliendo impunemente en nuestro país.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que se imponga al empleador, privado o público, una sanción disuasoria para evitar que vuelva a recurrir el abuso y que elimine sus consecuencias en el trabajador; bien a través de indemnizaciones disuasorias o estabilizando en el empleo a las víctimas del abuso.

En este sentido, tanto la Ministra de Función Pública, Carolina Darias, así como su Secretario de Estado, Francisco Hernández Spínola, han informado en diversas comparecencias y medios de comunicación, que es necesario terminar con esta situación; sin embargo, los trabajadores aseguran que sus pretensiones son hacerlo por una parte, reformando el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público-EBEP (que se ha venido incumpliendo por la administración sin consecuencias) para evitar abusos a futuro; y por otra, mediante ofertas de empleo de estabilización de plazas, no de personas, confundiendo los sistemas de acceso a una administración de la que los trabajadores ya forman parte, con la estabilización en el empleo como sanción al abuso cometido por la administración.

Mientras el Gobierno sigue estudiando cómo resolver esta situación, creada por las propias Administraciones, los trabajadores alertan que se van sucediendo los ceses de personal, con las consiguientes demandas, denuncias y movilizaciones sociales como las concentraciones frente a las subdelegaciones, o la huelga de médicos y de otros sectores públicos como en Canarias, que se apoya desde la península y a la pronto se sumarán las de las trabajadoras y trabajadores públicos en abuso de toda España, si el Gobierno no propone una solución acorde con la Directiva.

En este escenario de desamparo e incertidumbre para miles de familias, que afecta principalmente a mujeres con una media de 50 años sin opción a incorporarse al mercado laboral si son cesadas, la Comisión Europea sigue vigilante para decidir si demanda al Reino de España por incumplimiento, manteniendo abiertos varios expedientes de infracción por este motivo.

Pese a las informaciones falsas que circulan:

– No son enchufados, ni han entrado «a dedo»

– No han accedido a la administración por una puerta trasera, sino a través de procesos selectivos legales que cumplieron con los principios constitucionales.

– Son quienes cubren los puestos que los demás no quieren (urgencias hospitalarias, guardias, horarios intempestivos, lugares problemáticos que nadie quiere, poblaciones alejadas…).

– No son privilegiados ni quieren serlo.

– Al contrario, son víctimas a las que se les ha negado, durante muchos años, la posibilidad legal de una estabilidad laboral.

– Así como del incumplimiento de la ley y el abuso de las administraciones empleadoras.

Las trabajadoras y trabajadores temporales avisan que si en el Sector Público no se pone en marcha un control de legalidad, inspecciones o auditorías contra el fraude y el abuso en las administraciones, similares a las adoptadas en el ámbito privado, nunca se pondrá fin a la temporalidad abusiva.

En consecuencia, reivindican:

– Que la administración cumpla con la normativa vigente.

– Que ejerza funciones de inspección y control de legalidad sobre sus propias contrataciones temporales.

– Que se ponga fin al despido libre y gratuito; paralización de las ofertas de empleo que incluyan plazas ocupadas por personal temporal, hasta su control de legalidad.

– Y que se sancione el abuso, mediante regularización administrativa de las víctimas, con su estabilidad en el empleo, respetando las normas que impiden cesar al personal temporal, cuando no concurren las causas de cese vinculadas a la contratación temporal.

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