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Euskadi exige a Iván Duque que detenga los asesinatos, masacres y represión al pueblo colombiano

Organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos de Euskadi han entregado una carta en consulado de Colombia en Bilbao ante las graves violaciones de Derechos Humanos.

2021-05-18T15:59:47+00:0018 mayo 2021|Bilbao, Colombia, Euskal Herria, Violencia Policial|Comentarios desactivados en Euskadi exige a Iván Duque que detenga los asesinatos, masacres y represión al pueblo colombiano

Ante la grave situación que se vive estos días en Colombia, con una dura represión de la protesta social legítima, que se ha saldado con decenas de personas fallecidas, una amplia representación de sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales de Euskadi acompañaba la entrega de un escrito dirigido al Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y a la Cónsul de Colombia en Bilbao, Carmenza Naranjo:

País Vasco, 18 de Mayo de 2021

Sr, Don Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

Sra, Dña Carmenza Naranjo

Cónsul de Colombia en Bilbao

Las organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos que hacemos parte de la Plataforma de Solidaridad Euskal Herria Colombia nos dirigimos a usted con suma preocupación por la grave situación que viene sufriendo el pueblo colombiano desde hace muchos años, y hoy agudizada por las graves violaciones de derechos humanos producidas por su gobierno y la fuerza pública en el marco de las protestas sociales que se han dado desde el 28 de abril de 2021.

Durante estos días de movilización social, los ciudadanos y ciudadanas de Colombia y el mundo, hemos sido testigos de la permanente violación de DDHH a la población que ejerce el legítimo derecho a la protesta y cuyo balance es aterrador: 47 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública; 16 personas víctimas de violencia de género por la fuerza pública, 32 con lesiones oculares y 32 por armas de fuego; 67 personas defensoras de derechos humanos atacadas; 1.291 personas detenidas gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios ilegales, y 548 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social. Sin olvidar los 57 líderes y lideresas sociales y defensores derechos humanos asesinados, los 22 ex combatientes de las FARC asesinados o desaparecidos y las 33 masacres con 119 víctimas sólo en este 2021 registrados por el Instituto Indepaz de Colombia. Igualmente resulta preocupante las 450 violaciones a los derechos humanos contra periodistas afectando la libertad de expresión.

La gestión de la protesta social por parte del gobierno de Iván Duque ha generado una espiral de violencia sin precedentes en Colombia, como la actuación del gobierno en la ciudad de Cali en donde la fuerza pública ha utilizado armas de corto y largo alcance contra las personas manifestantes. La comisionada Juliette de Rivero señaló a la Policía Local de disparar contra miembros de la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia. También en este contexto, las fuerzas de seguridad han permitido que grupos de civiles armados disparen contra manifestantes desarmados, tal como ocurrió a la llegada de la Minga Indígena en Jamundi, a la entrada de Cali, el pasado 9 de mayo 2021.

Dichas actuaciones demuestran que el gobierno colombiano está violando la resolución 001/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- la cual dice que “prevalece por parte de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza”.

Las protestas sociales en Colombia, la gran mayoría se han desarrollado de forma pacífica, pero la represión ha sido desproporcionada y se han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública a lo largo de todo el país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea ya han alertado sobre esta grave situación.

Lo que sucede en el contexto de la protesta social es solo la punta del iceberg. Según el Registro Único de Víctimas son más de 9 millones de víctimas en Colombia, de las cuales 7 millones han sufrido desplazamiento interno forzado y 6 millones se han visto obligadas a abandonar el país, de éstas 550.000 aún hoy buscan refugio. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, solo en 2020 se han realizado más de 27.000 solicitudes de protección internacional de personas colombianas al Estado Español. Estas cifras, entre otras, dan cuenta de la persistencia del conflicto armado en el país con una clara falta de voluntad política en la implementación de los acuerdos de paz, en la administración de los recursos del Estado a favor de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras que, sumado a la deficiente gestión de la pandemia COVID-19 y a la destinación de grandes porcentajes del dinero público para fortalecer la estrategia militar (sin contar la próxima compra de 24 aviones que le costarán a la ciudadanía 4.000 millones de dólares), ubican a Colombia entre los principales países con mayores índices de pobreza (asciende ya a los 21 millones de personas) y desempleo.

La apuesta por la guerra y por la satisfacción de los intereses del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y las empresas armamentísticas de E.U, Israel y Europa del actual gobierno, tienen a Colombia en un bucle de asesinatos y continuum de violencias aniquilantes del pueblo colombiano.

Por todo esto:

EXIGIMOS al gobierno de Iván Duque que detenga los asesinatos, masacres y represión al pueblo colombiano que legítima y pacíficamente protesta en las calles de Colombia. Desmonte el Escuadrón Antidisturbios ESMAD de la policía y la abolición de la doctrina militar de la seguridad nacional en la fuerza pública. Realice un proceso de diálogo con las organizaciones impulsoras de las manifestaciones, así como la adopción de medidas inmediatas para garantizar y facilitar el derecho de reunión pacífica y la protección de la integridad física y psicológica de las personas que se manifiestan.

PEDIMOS que las violaciones a los derechos humanos realizadas por la actuación de la fuerza pública no queden en la Impunidad y que sean investigadas en profundidad y celeridad. Además de políticas que garanticen la salud y la educación pública, la renta básica de un salario mínimo, el subsidio a las Mini Pymes, la matrícula universitaria CERO, la defensa y protección de la mujer y de las diversidades sexuales y étnicas.

RECHAZAMOS la aplicación del proyecto de Ley 010 que profundiza la privatización de la salud; el decreto 1174 que precariza el trabajo y el salario; como también la reforma laboral y pensional que tiene proyectada, y el intento de colocar de nuevo el Estado de Conmoción Interior que ya se vivió en Colombia por más de 40 años. También rechazamos el ineficiente pago de impuestos de la clase alta y grandes empresarios.

Nos unimos a la petición de más de 600 organizaciones que solicitaron a la CIDH, a la CPI y ONU para que realicen una verificación “in loco e in situ” de la grave situación del pueblo colombiano.

Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas y familias que han sufrido esta represión y las consecuencias de las políticas gubernamentales y la criminalización de la protesta social.

Atentamente, firmantes:

Asociación Colectivo Bachue-Elkartea, Asocolvas, Congreso de los Pueblos-País Vasco, Asociación Jorge Freytter Romero Elkartea, AESCO País Vasco, Sindicato LAB, Fundación Mundubat, EH-Bildu, PCE-EPK, Ezker Anitza-IU, Movimiento Antirracista EH, Movimiento Abya Yala, CEV-Nodo Euskadi, Asamblea de Cooperación Por la Paz-ACPP, Komites Internazionalistak, Inti Kokone, STEILAS,, sindicato CCOO, Askapena, Hala Bedi Irratia, ELA, UGT, ESK, EHNE Bizkaia, Etxalde, Hiru y Paz y Solidaridad.

Don Iván Duque Márquez Jauna

Kolonbiako errepublikako lehendakaria.

Carmenza Naranjo Anderea

Kolonbiako kontsula Bilbon

Euskal Herria Kolonbia Elkartasun Plataforman parte hartzen dugun erakunde sozial, sindikatu eta alderdi politikook oso kezkatuta gaude Kolonbiako herria duela urte askotatik jasaten ari den egoera larriagatik, eta gaur egun Kolonbiako gobernuaren eta indar publikoen eskutik 2021eko apirilaren 28tik hona eman diren gizarte-protesten aurka jazotako giza eskubideen urraketa larriengatik egoera are larriagoa da.

Mobilizazio sozialez beteriko egun hauetan, Kolonbiako eta munduko herritarrok, Kolonbian protestarako eskubide legitimoan zeuden pertsonen giza eskubideen etengabeko urraketaren testigu izan gara eta balantzea beldurgarria da:

47 pertsona hil dira ustez indar publikoaren ekintzagatik; 16 pertsona genero-indarkeriaren biktima izan dira indar publikoen eskutik, 32 pertsonek begi lesioak dituzte eta 32 pertsona suzko armekin zaurituak izan dira; 67 giza eskubideen defendatzaile erasotuak izan dira; 1.291 pertsona atxilotu dituzte legez kanpoko prozedura arbitrarioen bidez, eta 548 pertsona desagertu dira gizarte protestaren esparruan.

Hildako 57 lider eta giza eskubideen defendatzaileak, hildako edo desagertutako FARCeko 22 borrokalari ohiak eta Kolonbiako Indepaz Institutuak 2021ean 119 biktima eragin zituzten 33 sarraskiak ahaztu gabe. Era berean, kazetarien aurkako giza eskubideen 450 urraketa kezkagarria da, adierazpen-askatasuna zuzenean erasotzen baitute.

Ivan Duqueren gobernuak egindako protesta sozialaren kudeaketak aurrekaririk gabeko indarkeria testuinguru bat eragin du Kolonbian; hala nola Cali hirian gobernuak egindakoa, non indar publikoak irismen laburreko eta luzeko armak erabili dituen manifestarien aurka. Juliette de Rivero komisionatuak Kolonbiako Giza Eskubideen Nazio Batuen Batzordeko kideen aurka tiro egiteko deia egin zion Udaltzaingoari. Testuinguru horretan ere, armatutako zibilek manifestari desarmatuen aurka tiro egitea ahalbidetu dute segurtasun indarrek, hala gertatu zen Jamundin, Caliko sarreran, 2021eko maiatzaren 9an.

Jarduera horiek erakusten dute Kolonbiako gobernua Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarraren (CIDH) 001/20 ebazpena urratzen ari dela. Haren arabera, “indarra neurriz kanpo erabiliz eragindako errepresio testuinguru batean Herritarren artean protesta sozialerako eskubidea erabiltzea nagusitzen da”.

Kolonbiako protesta sozialak, gehienak modu baketsuan egin dira, baina errepresioa neurrigabea izan da eta indar publikoak giza eskubideen urraketa larriak egin ditu herrialde osoan zehar. NBEko Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoak eta Europar Batasunak egoera larritasunaren berri eman dute.

Protesta sozialaren testuinguruan gertatzen ari dena izeberg-aren punta baino ez da. Biktimen Erregistro Bakarraren arabera, 9 milioi biktima baino gehiago daude Kolonbian, horietatik 7 milioik behartutako barne desplazamendua jasan dute eta 6 milioi herrialdetik alde egin behar izan dute, horietatik 550.000 oraindik babes bila daudelarik. Errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako Batzordeak emandako datuen arabera, 2020an soilik 27.000 eskaera baino gehiago egin zaizkio Espainiako Estatuari kolonbiarrak nazioartean babesteko. Zifra horiek erakusten dute, besteak beste, gatazka armatuak bere horretan dirauela herrialdean, eta borondate politiko falta nabarmena dagoela bake-akordioak ezartzeko, estatuko baliabideak administratzeko estatuko eta atzerriko korporazio handien alde gobernatzen dutelarik. Honi COVID-19ren pandemiaren kudeaketa txarra gehitu behar zaio; zeinean diru publikoaren portzentaia garrantzitsu bat estrategia militarra indartzeko bideratu den (hiritarrei 4.000 milioi dolar kostako zaizkien 24 hegazkinen erosketa kontatu gabe). Honek Kolonbia pobrezia eta langabezia tasa handienetakoa duen herrialdeen artean kokatzen du, 21 milioi pertsona pobrezia tasaren azpitik bizi direlarik. Gerraren aldeko apustuak eta Nazioarteko Diru Funtsaren, Munduko Bankuaren, ELGAren eta egungo gobernuaren E.U, Israel eta Europako arma-enpresen interesak asetzearen aldeko politikek, herrialdea hilketen eta Kolonbiako herriaren indarkeria suntsitzaileen zurrunbiloan katramilatzen du.

Aipatutako guztiagatik

Ivan Duqueren gobernuari Kolonbiako kaleetan protesta legitimoa eta baketsua egiten duen Kolonbiako herriaren hilketak, sarraskiak eta errepresioa geldi dezala eskatzen diogu. Poliziaren ESMAD istiluen aurkako Eskuadroia eta indar publikoaren segurtasun nazionalaren doktrina militarraren abolizioa erauztea ere eskatzen dugu. Egin ezazu elkarrizketa-prozesu bat manifestazioak sustatzen dituzten erakundeekin, eta hartu berehalako neurriak, mobilizazio baketsuak egiteko eskubidea bermatzeko eta manifestatzen diren pertsonen osotasun fisiko eta psikologikoa babesa errazteko

Indar publikoaren jardunaren ondorioz giza eskubideen aurka egindako urraketak inpunitatean ez geratzea eta sakonki eta azkar ikertzea eskatzen dugu. Osasuna eta hezkuntza publikoa bermatzeko politikez gain, gutxieneko soldata baten oinarrizko errenta, ETE txikientzako sorospena, doako unibertsitateko matrikula, emakumeen eta sexu- eta etniadibertsitateen defentsa eta babesa ere exijitzen dugu.

Ez dugu onartzen honako lege-proiektu hau aplikatzea: 010 Legea, osasunaren pribatizazioa sakontzen duen 010 lege proiektua aplikatzea ez dugu onartzen. Lana eta soldata prekarizatzen dituen 1174 Dekretua, eta proiektatuta duen lan-erreforma eta erreforma pentsionala; hala nola, Kolonbian 40 urte baino gehiagoz bizi izan zen Barne Kommozioaren

Estatua berriro ezartzeko ahalegina salatzen ditugu. Goi-klasearen eta enpresaburu handien zergen ordainketa ez-eraginkorra ere arbuiatzen dugu.

600 erakundek baino gehiagok CIDHri, CPIri eta NBE Nazio Batuen Erakundeari Kolonbiako herriaren egoera larria bertatik bertara egiaztatzeko eginiko eskariari babesa adierazten diogu.

Errepresioa jasan duten pertsona eta familia guztiei, eta gobernuaren politiken ondorioei eta gizarte-protestaren kriminalizazioa pairatu duten pertsona guztiei gure elkartasuna helarazten diegu.

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