Cientos de personas han marchado este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, convocados por la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, SOS Racismo-Bizkaia, CEAR-Euskadi, Harresiak Apurtuz y Amnistía Internacional para exigir la abolición de la Ley de Extranjería, rutas seguras e igualdad de derechos para todas las personas. La movilización que partió desde la céntrica plaza del Teatro Arriaga, recorrió la Gran Vía bilbaína pasando frente a la Subdelegación del Gobierno de España en donde los participantes han realizado una sentada al grito de “No son muertes, son asesinatos”. Finalmente la marcha llegó hasta las oficinas de Extranjería en donde tras leer el comunicado que se ajunta a continuación, han empapelado la fachada del edificio al grito de “Papeles para todas o todas sin papeles”.
COMUNICADO
EN UN MUNDO GLOBAL ATRAVESAR UNA FRONTERA TE CONVIERTE EN CRIMINAL
Desde hace casi 20 años, cada 18 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Personas Migrantes. Desde Euskadi también queremos aportar nuestro granito de arena para visibilizar la situación de este colectivo.
Desde hace años asistimos al crecimiento de los movimientos migratorios como consecuencia del sistema económico, político y social capitalista que se extiende por todo el planeta.
El Estado de ‘acogida’ no adquiere responsabilidades en las causas. Quedan fuera del marco de análisis de las migraciones las consecuencias de la política de comercio e inversión y, con ellas, la expropiación de bienes naturales, la contaminación ambiental, las consecuencias directas e indirectas de los megaproyectos, etc. Las responsabilidades en el tránsito se centran en que no vengan: las medidas de control policial y militar priman sobre el respeto a los derechos humanos de quienes migran y la pérdida de vidas, al menos en Europa, ya no tiene ningún costo político.
Igualmente grave es la visión que se ofrece sobre las migraciones en la que se criminaliza a la población migrante que convive en nuestros barrios… pero también a los y las defensoras de derechos humanos, siendo tripulantes de un barco de rescate, voluntariado de una ONG o bomberos y bomberas solidarias… se justifica socialmente la represión y la exclusión de derechos y las personas migrantes quedan atrapadas entre la victimización y la criminalización.
Nos preocupa la situación de estas personas -especialmente mujeres con menores a cargo, familias y jóvenes no acompañados-, atrapadas por una Ley de Extranjería discriminatoria , que les dificulta el acceso a sus derechos fundamentales, tales como el derecho a un empleo o a una vivienda dignas.
Es un imperativo exigir a las administraciones públicas que garanticen tanto vías de acceso seguro a la Unión Europea para las personas migrantes, como el respeto escrupuloso de los derechos humanos en las fronteras y en el interior de los países, desarrollando políticas de integración, acogida dignas y convivencia que son la mejor vacuna contra el racismo y su propagación.
