Un grupo de personas pertenecientes a asociaciones, agentes sociales, sindicatos, partidos políticos vacos, migrantes y personas refugiadas como la Asoc. Colectivo Bachue Elkartea, Hala Bedi Irratia, Congreso de los Pueblos, Inti Kokone, Sindicato LAB, EHBildu, Asoc. Ceiba, Tifisqui, Alternatiba, Izquierda Unida, Podemos, Collectiv Saya y La Solidarite par le témoignage et la culture, se han reunido frente al Consulado de Colombia en Bilbao, para manifestar su preocupación por la profunda CRISIS: humanitaria, de credibilidad y de los procesos de paz que se desarrollan en Colombia.
Comunicado: Colombia, país rico en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas, suficientes recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido al Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos de turno en los últimos 60 años han implementado mecanismos minero-energético-extractivistas que han generado violencia, violación a los Derechos Humanos, entrega de los recursos a las multinacionales y persecución a quienes denuncian estas atrocidades. Según el Banco Mundial, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante 2º lugar como país con una mayor desigualdad en América Latina.
La situación en Colombia atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la firma del acuerdo final del 26 de Noviembre de 2016 con las FARC-EP y la suspensión de la actual Mesa de Quito- Ecuador con el ELN: el dramático genocidio de los lideres, lideresas y defensoras/es de los Derechos Humanos ha dejado 136 dirigentes asesinados en 2017 y 27 asesinatos en sólo enero de 2018; los 17 paros y huelgas de los sectores sociales muestran el inconformismo; el Incumplimiento y tergiversación del Acuerdo Final se refleja en la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP, en las circunstancias especiales de Paz, en la reforma política que se hundió por la politiquería en el Congreso; los asesinatos de excombatientes y familiares que aumentan (ya van 60)y la falta de garantías para el ejercicio de la política hasta tal punto que las FARC han suspendido su campaña electoral el pasado 09 de febrero de 2018, etc., muestran la caótica situación de este país y el escaso compromiso del estado y del conjunto de las instituciones gubernamentales. Además, todo el año 2017 estuvo sacudido con los constantes escándalos por la corrupción en la administración pública, la justicia, el Parlamento y los partidos políticos tradicionales.
Es evidente que la lucha de las comunidades hacia el estado colombiano ha estado motivada por las constantes violaciones a los Derechos Humanos, amenazas, asesinatos, el despojo de la tierra, la miseria (15 millones de personas en extrema pobreza); la desnutrición, el problema sanitario reivindicando en el Paro de Buenaventura y el Chocó; la sustitución de cultivos ilícitos que le costó la vida 9 campesinos y más de 50 heridos masacrados por parte del ESMAD y el Ejército (el 5 -10-2017) en el Alto Mira-Nariño; la Educación cuestionada por el Magisterio en el paro de Mayo; la puesta en práctica del nuevo Código de Policía y las facultades omnipotentes al ESMAD; los problemas ambientales en donde se destaca la lucha de los barrios del sur de Bogotá por el caso del botadero de basuras de Doña Juana y la huelga actual por la privatización de las Empresas Públicas de Bogotá, el caso del Páramo de Santurban en Santander y las multinacionales Eco Oro Minerals y Minesa-Mubadala, la lucha contra la minería en Segovia y Remedios en Antioquía, el secamiento del río Rancherías y de 23 ríos más en la Guajira, entre otras reivindicaciones sociales que además han recibido tratamiento de guerra.
Por su parte, la guerra que dice el gobierno realizar contra el narcotráfico es una burla, en contraste con el informe mundial sobre Drogas 2017 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que dice:” que entre 2013 y 2015 el cultivo de la planta de coca creció en Colombia un 30%, siendo Colombia el mayor productor” y el primer exportador de cocaína, con una destacada producción de marihuana y heroína, tráfico controlado principalmente por el paramilitarismo utilizando a sus anchas todo el litoral del Pacífico y la connivencia de la fuerza pública. EL Narco-paramilitarismo viene creciendo y atacando todo el espectro social y popular bajo la estrategia de impunidad del Estado. Un caso que alimenta esa impunidad fue el atentado fallido el 29-12-2017 que iba dirigido al líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quienes detuvieron in fraganti a los dos paramilitares, pero el09 de enero 2018 quedaron en libertad por supuesta falta de pruebas.
Nos duele la guerra que continúa afectando al país, el asesinato de líderes sociales, las detenciones arbitrarias, las amenazas contra el movimiento social, los desplazamientos forzados en el 2017 fueron 139.000 más, en lo que va de corrido del presente 2018 ya superan las 3.200 personas y los bombardeos por la fuerza pública de los territoritos campesinos e indígenas de Norte de Santander, Chocó, Arauca, Cauca y Nariño, como también nos duelen los feminicidios que tienen en aumento.
Resaltamos, la preocupación de Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos (20-12-2017) por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización hacia las personas defensoras de los Derechos Humanos, por las recientes palabra de del ministro de Defensa y otros, que han declarado a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debido “a los líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”, siendo esto muy peligroso ya que parece justificar los asesinatos que en ningún caso son justificables.
A su vez, ha sido importante el pronunciamiento del Parlamento Vasco el pasado 08-02-2018 en relación al apoyo del proceso de Paz e insta al gobierno español y vasco “a trabajar con el gobierno colombiano para que adopte medidas más efectivas para garantizar la seguridad de las comunidades, pueblos indígenas, afros, campesino, defensores…”
Toda esta situación no es indiferente ni siquiera a la Conferencia Episcopal Colombiana, mediante mensaje escrito se pronunciaba el 08-02-2018 diciendo que “la Paz es un área que no da tregua y que exige el compromiso de todos”.
A pesar de la represión la población colombiana le apuesta a la Paz, aquí valoramos el balance positivo de las reuniones de la Sociedad Civil con el presidente JM Santos y con las delegación de paz del ELN llevadas a cabo entre el 7 y 10 de febrero de 2018, donde las partes han reconocido las dificultades que se han presentado.
Por eso:
– Exigimos el cumplimiento de los Acuerdos con la Farc-ep y recordar al gobierno que tiene el deber de defender el acuerdo de paz porque fueron radicados en anexo a los convenios de Ginebra en Suiza
– Exigimos al Estado reales y efectivas garantías para la vida. No se puede seguir escribiendo la historia de la paz con sangre, ni con miedo, ni con terror hacia el pueblo colombiano.
– Exigimos el respeto al derecho internacional humanitario, respaldar la solución política negociada del conflicto y apoyamos el reinicio de la mesa de Quito
Ser líder social no es delito, hacer democracia no es delito, cuidar de la soberanía colombiana no es delito, defender la autodeterminación de los pueblos étnicos no es delito.
Llamamos a la Comunidad Internacional a hacer seguimiento de la situación del Pueblo colombiano y demandar de manera urgente el derecho a la vida, garantías de seguridad y participación y garantías de No repetición.
