Coincidiendo con el “Día de los Santos Inocentes”, los activistas se han manifestado en la Gran Vía bilbaína acompañados de varios “muñecos de inocentes” de un par de metros bajo el lema ‘Los presupuestos del Gobierno Vasco recortan derechos que nos dejan desnudas’ a fin de denunciar el anteproyecto de presupuestos presentado por el Gobierno Vasco de cara al año 2021.
La iniciativa ha unido a personas contrarias al tren de alta velocidad (TAV), antimilitaristas y defensoras de los derechos sociales, que “los presupuestos no contemplan el contexto de crisis económica y socio-sanitaria que atraviesa la ciudadanía, pues contienen múltiples recortes en las partidas destinadas al gasto social, como en sanidad, vivienda, prestaciones sociales o educación”; y que «acabar con la pobreza es una opción política y presupuestaria».
La crisis sobrevenida por la alarma sanitaria debida al COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto las problemáticas de pobreza existentes y ha hecho aparecer otras. Así, según los datos de la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi (EPDS 2018):
- Las mujeres suponían el 55% de los casos de pobreza real.
- Las familias monoparentales encabezadas por mujeres constituían un 30% de la pobreza.
- 172.307 personas (el 8% de la población) vivían ya en riesgo de pobreza (tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir).
- 484.571 personas (el 22,4% de la población) vivía en situación de riesgo de ausencia de bienestar (viven con menos de 811,90 euros al mes).
- 2.000 personas sin-hogar sobrevivían en la calle.
La actual situación de crisis indica que estos niveles de pobreza y desigualdades van a aumentar y superar los niveles de la crisis del 2008.
En este sentido, las personas manifestantes han destacado, entre otros, el caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para familias en situación de pobreza y precariedad, “que desde hace nueve años sufre un recorte que se repetirá de nuevo para el 2021”. La cual se incrementará en 12 euros mensuales. Para una persona la cuantía se establece en 706,22€. Si se aplicara la Ley que regula la RGI para este año su cuantía debería ser de 975 euros en 12 pagas.
“Mediante el acuerdo suscrito entre PNV y PSE, la RGI se verá disminuida en un 28%; respecto a lo que por ley le corresponde. Es un recorte especialmente sensible al afectar a miles de familias y personas desempleadas, con empleos precarios o pensionistas”, han destacado.
“En lo relativo al complemento de pensiones, el recorte será para el 2021 aún mayor, con una bajada de 304 euros al mes. El tijeretazo afectará al 24% de las unidades de convivencia que perciben este subsidio, que son 12.944 familias, de las que 8.044 son mujeres, principalmente viudas”. Hay que tener en cuenta, además, que 216.000 pensionistas perciben una pensión inferior al umbral de la pobreza.
Por otro lado, el área de Vivienda gestionará, según el anteproyecto de presupuestos del Gobierno Vasco, 161’4 millones el próximo año. Si se incorpora a las sociedades públicas, Visesa y Alokabide, los recursos ascienden a 271’2 millones. Sin embargo, la cantidad destinada para este año 2020 era de 304’3 millones. Es decir, estamos hablando de un recorte de 33 millones de euros.
“Los recortes en el acceso a la vivienda se producen cuando se vulnera el derecho a una vivienda digna; y cuando a las familias en proceso de desahucio no se les garantiza una alternativa habitacional como obliga la «Ley de Vivienda» del Gobierno Vasco y los protocolos de actuación suscritos entre las diferentes administraciones vascas”, han denunciado las entidades convocantes.
Antimilitaristas, activistas contra el TAV y defensores de los derechos sociales han subrayado que “mientras se recortan las partidas destinas al gasto social en los presupuestos del Gobierno Vasco, se destinan a las obras del tren de alta velocidad 294 millones para el conjunto de la CAPV y otros 58 para el ramal guipuzcoano; o 100 millones en subvenciones a la industria militar vasca”.
“Los presupuestos generales del Gobierno español para 2021 incluyen un gasto militar de 21.623 millones, un nuevo récord histórico que supone un aumento del 10,3% respecto al año anterior y unos pagos para nuevos programas de armamento por valor de 2.341 millones de euros”.
Los presupuestos estatales asignan 861’14 millones a la investigación militar “el presupuesto para la I+D militar para el 2021 es superior al año 2020, con un aumento del 27%, el mayor desde 2011. Esta I+D militar es tres veces el gasto previsto para Investigación Sanitaria”, han criticado.
“Este despilfarro de recursos destinados al TAV y el gasto militar no compensan necesidad alguna de la sociedad, pero sí suponen un derroche cuando necesitamos más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o más prestaciones para las familias que sufren los actuales procesos de precariedad y pobreza en el contexto del pandemia del coronavirus”, han advertido.
