Reportajes

Por DavidBM

Bilbao, 6 mayo 2026 – La reivindicación del derecho al padrón, una cuestión administrativa que en la práctica marca la frontera entre la inclusión y la exclusión social, volverá a ocupar el centro del debate público el próximo 10 de mayo a las 11:00 en los Jardines de Albia, donde la plataforma Erroldarik Gabe Izaterik Ez / Padrón para todas ha convocado una cadena humana para exigir a las instituciones que cumplan la ley y los acuerdos adoptados.

La movilización llega apenas semanas después de que el Parlamento Vasco aprobara el 23 de abril de 2026 una enmienda con 66 votos a favor (PNV, EH Bildu, PSE y Sumar) y solo 8 en contra (PP y Vox) instando a los ayuntamientos a aplicar los “Criterios comunes para empadronamiento en situaciones especiales” elaborados por la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL. Un respaldo político amplio que, sin embargo, no ha logrado aún traducirse en cambios efectivos sobre el terreno.

La cadena humana unirá simbólicamente las sedes de EAJ/PNV, EH Bildu y PSE, los partidos que impulsaron en junio de 2025 ese acuerdo en el seno de EUDEL. Aquel compromiso supuso, según las organizaciones sociales, “un avance importante” para abordar el empadronamiento de personas en situaciones de exclusión residencial o con dificultades administrativas. Pero casi un año después, denuncian, el protocolo de aplicación sigue sin aprobarse, una demora que algunos ayuntamientos estarían utilizando como argumento para no aplicar los criterios.

El conflicto no es menor. Según recuerdan desde la plataforma, la legislación vigente obliga a los municipios a empadronar a todas las personas que residen en su término, incluso si carecen de domicilio fijo o viven en condiciones precarias. Sin embargo, la realidad es otra: personas sin hogar, habitantes de infraviviendas o en situación de calle siguen encontrando barreras sistemáticas, a las que se suman listas de espera crecientes en los servicios sociales.

A este escenario se añade otro fenómeno menos visible pero igualmente extendido: el bloqueo del empadronamiento en domicilios conocidos. Es el caso de quienes viven acogidos por familiares o amistades, trabajadoras del hogar en régimen interno a quienes no se les reconoce este derecho, o inquilinos a quienes algunos propietarios llegan a exigir pagos por empadronarse, una práctica que las organizaciones califican de “negocio inadmisible”.

“Para miles de personas, fundamentalmente migrantes, el padrón es la puerta de entrada -o de exclusión- a derechos básicos como la salud, la educación o el trabajo”, subraya la plataforma, que agrupa a cerca de un centenar de entidades sociales en Bizkaia. El empadronamiento no solo acredita la residencia, sino que es también una prueba clave para procesos de arraigo social o familiar, requisito imprescindible para la regularización administrativa.

En este contexto, la cadena humana pretende presionar para que se acuerde de manera urgente un protocolo que permita aplicar sin reservas los criterios ya aprobados, garantizando el empadronamiento de todas las personas residentes: desde quienes viven en la calle hasta quienes lo hacen en caravanas, viviendas abandonadas o domicilios donde se les niega el acceso al registro.

La jornada arrancará a las 11:00 con la recogida de pañuelos y la presentación del acto, seguida de una kalejira, una foto colectiva y la formación de la cadena humana. El programa incluye también una performance titulada “Justicia ciega”, testimonios y un cierre con concierto y encuentro social.

Más allá del gesto simbólico, la convocatoria apela a una cuestión de fondo: “padrón para todas por justicia y por dignidad”. Porque, sostienen, cuando una persona es privada de derechos básicos, no pierde su dignidad quien la sufre, sino quien lo permite.

En una Euskadi que presume de cohesión social, la pregunta que sobrevuela la movilización es incómoda: cuántas personas siguen siendo vecinas invisibles porque, simplemente, no existen en el padrón.