Por DavidBM
Bilbao, 29 septiembre 2025 – La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones sociales han denunciado graves violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional no solo contra la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa, sino también contra un paquete integral de medidas neoliberales que profundizan la austeridad y la precariedad. Señalan recortes en el sector público, congelamientos salariales, externalización de servicios estatales, retrasos en pagos a trabajadores de educación, salud y justicia, así como la ampliación de proyectos extractivistas en páramos y Amazonía que ponen en riesgo fuentes de agua, biodiversidad y territorios indígenas.
En agosto de 2025, el Ejecutivo presentó un plan de expansión petrolera valorado en 47.000 millones de dólares, que incluye la subasta de 49 bloques en la Amazonía, 18 de ellos en territorios indígenas sin consulta previa, lo que comunidades califican como un atropello a los derechos colectivos y a fallos judiciales que protegían la zona. En los páramos, casos como el del proyecto minero Loma Larga/Quimsacocha (Azuay) son denunciados por comunidades locales por amenazar reservas hídricas que abastecen a miles de personas.
El caso más grave hasta ahora es la muerte de Efraín Fuerez, comunero de Cuicocha (Imbabura), quien según la CONAIE y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador fue asesinado con disparos de las Fuerzas Armadas en Cotacachi el pasado 28 de septiembre. “Es un crimen de Estado”, señalaron las organizaciones, exigiendo investigación inmediata, sanciones a los responsables y reparación a la familia.
A esta denuncia se suman 109 reportes de vulneraciones documentados por la Alianza DDHH: 48 personas heridas, 63 detenidas, 6 detenidas-desaparecidas y múltiples casos de amenazas, golpes y detenciones arbitrarias. En menos de una semana se han registrado casi 100 arrestos, muchos de ellos bajo cargos de “terrorismo”, mientras líderes comunitarios denuncian traslados a cárceles de alta peligrosidad.
Además, colectivos como INREDH reportan bloqueos de internet y cortes eléctricos en zonas movilizadas de Imbabura, lo que impide la comunicación y dificulta la difusión de denuncias. La suspensión de la señal del canal comunitario TV MICC (Cotopaxi) por decisión de ARCOTEL fue calificada como un acto de censura directa contra la voz indígena.
El Gobierno, por su parte, sostiene que las protestas han sido infiltradas por “grupos terroristas” y justifica el despliegue militar bajo el estado de excepción decretado en siete provincias. En Cotacachi, las autoridades informaron de un convoy emboscado, con 12 militares heridos y 17 retenidos temporalmente por manifestantes.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido en el pasado sobre un patrón de represión y uso excesivo de la fuerza en Ecuador, con recomendaciones que, según la sociedad civil, siguen sin cumplirse.
“No nos van a silenciar. La vida y la tierra no se negocian con fusiles”, declaró la CONAIE en un comunicado, llamando a sostener la movilización hasta que el Gobierno derogue el decreto que encareció el diésel, frene los proyectos extractivistas y cese la represión militar.
La crisis ya trasciende lo económico: Ecuador enfrenta una emergencia de derechos humanos en la que la comunidad internacional observa con preocupación el rumbo del Gobierno de Daniel Noboa.
