LAB avisa: la regularización no es un regalo, es una deuda histórica
El decreto suspende expulsiones y abre el acceso al empleo formal y a la atención sanitaria.
El decreto suspende expulsiones y abre el acceso al empleo formal y a la atención sanitaria.
Hasta finales de diciembre la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la campaña “Esenciales” debe reunir el medio millón de apoyos y superar grandes retos logísticos antes de presentarse en el Congreso de los Diputados.
Esta vez, nosotras personas migrantes y racializadas, como sujetas políticas organizadas proponemos la aprobación de leyes dentro del Estado a través de una Iniciativa Legislativa Popular.
Este 19 y 20 de febrero el movimiento estatal #RegularizaciónYa sale en más de 20 ciudades para dar a conocer la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por varias organizaciones y colectivas antirracistas para recoger 500 mil firmas por la regularización de las 500 mil personas migrantes en situación administrativa irregular en España.
Isabel Otxoa y Lorea Ureta de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) presentaron las Estadísticas de 2021 con datos recogidos de 619 casos.
En varios puntos de Bizkaia se están recogiendo firmas para conseguir en el territorio español, la obtención de un Permiso de Residencia y de Trabajo para miles de personas en situación administrativa irregular.
Para el Grupo de Acción Política de trabajadoras de hogar y cuidados (GAP), la campaña ha tenido un primer resultado: miles de trabajadoras han visto subir su base de cotización, y esto es algo positivo. “Pero lo que se ha hecho no es suficiente, ni mucho menos”.
Para el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar, el inicio de la campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la que pretenden aumentar el control sobre salarios y cotizaciones de trabajadoras de hogar, es un paso adelante, pero tiene que hacerse realidad.
Protesta ante la Oficina de Extranjería en Bilbao de la Plataforma #RegularizacionYa-Bizkaia para exigir que se aumente el personal y agilicen el trámite de las citas, que perjudica más si cabe, la situación de las personas migradas y da pie a abusos.
La previsión es que para inicios del mes de septiembre estarán resueltas un total aproximado de 32.000, quedando otras 20.000 pendientes de aclaraciones y ampliación de la información.