Tras el Día de los DD.HH, advierten que las políticas de recorte, el buzón antifraude o los registros de la Ertzaintza estigmatizan a las miles de familias que perciben prestaciones sociales de Lanbide.
Berri-Otxoak exige que se cumplan las leyes que "amparan a la población más vulnerable en materia de vivienda, salud y cobertura de sus necesidades más básicas".
Buzón antifraude, registros de la Ertzaintza en los hogares y nuevos recortes en las prestaciones sociales; medidas que empobrecen aún más la situación de 8.030 personas trabajadoras.
Medidas como esta, refuerzan la percepción de que todos los receptores de ayudas son propensos al fraude, a pesar de que, según datos del propio Gobierno Vasco, este es prácticamente inexistente.
Berri-Otxoak denuncia que el equipo de gobierno de Barakaldo ha vuelto a aprobar un Decreto que recorta cuantías y dificulta el acceso a las ayudas económicas municipales.
Alertan que el Gobierno Vasco ha recortado el ingreso máximo de 1.368 a 720 euros que una unidad familiar de convivencia puede disponer para acceder a las AES.
La cofradía del “Santo Cristo de los Recortes” denuncia que el equipo de gobierno baracaldés congela por un décimo año consecutivo la consignación destinada a las ayudas económicas municipales.
El gobierno recortará en un 20% la asignación que debería percibir cada familia con graves dificultades económicas y denegará el acceso a las prestaciones para gastos relativos a necesidades primarias.
Decenas de organizaciones sociales se han movilizado en Bilbao para denunciar los nuevos recortes a las prestaciones sociales para el acceso a la vivienda.
Presentan un recurso judicial para impugnar parte del nuevo reglamento de la RGI, que limitará el acceso a la prestación y recortará aún más derechos.
