Por Laura Fontalba
Madre, maestra, sindicalista y mujer luchadora, así se autodefine Rosalba Gómez, nacida en Medellín y, actualmente, responsable de Relaciones Internacionales del sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia. Sindicato que actúa a favor de la paz, la democracia, la soberanía y los derechos laborales. Aprovechando su visita a Euskal Herria, invitada por el sindicato LAB, nos contó cuál es la situación real de su país respecto a las últimas reformas laboral y pensional, los cambios que se propusieron en el sistema de salud y los recientes procesos de paz que desde la CUT apoyan.
«Hoy en día, a las jóvenes les toca harta lucha», aseguraba Rosalba, quien, durante treinta años, ha vivido conectada con las mujeres, las jóvenes, las desplazadas, y las violentadas sexualmente y laboralmente. «Delegué, y no solamente legué, de verdad que no volví por un tiempo a asistir a nada de la mujer, porque era como un duelo», explicaba al relatar el proceso que atravesó cuando llegó el momento de dejar su puesto de directora en el Departamento de Mujeres de la CUT. Treinta años dedicados a la búsqueda de la justicia social, la protección de las mujeres, las movilizaciones, el apoyo psicológico y jurídico, y la defensa de leyes locales e internacionales para garantizar un cambio. Un cambio por el que continúa luchando ahora, pero desde otro espacio, desde el Departamento de Relaciones Internacionales del mismo sindicato.
Encargados de proponer la figura de la defensoría pública, la CUT está inmersa en procesos para garantizar que el dinero público se invierta en cubrir los servicios más básicos y necesarios: la educación, las pensiones o la salud, entre otros. Ahora, pendientes de la última reforma laboral, que estuvo en debate durante el mes de junio y continuará debatiéndose en agosto, Rosalba nos enumeraba algunas de las principales mejoras que se están planteando, la mayoría enfocadas en la «estabilidad laboral» para hombres, mujeres y jóvenes. «Primero —explicaba—, ofreciendo prestaciones sociales: salud, derecho a pensionarse…; segundo, apostando por la formalización laboral, para que el trabajo esté vinculado a algo más estable, con un contrato fijo, con derecho a todas las prestaciones…; y, en tercer lugar, con la recuperación de la jornada dominical o de apertura, que muchos trabajadores necesitan para alinearse mejor con la familia».
Esta reforma laboral, con la que pretenden consolidar el «trabajo digno y decente», propulsa consigo algunas garantías para mejorar también la situación de las mujeres. Específicamente, la situación del trabajo doméstico: «Las mujeres, mayoritariamente, están en la economía del cuidado. (…) Son mujeres que se quedan en la casa asumiendo los roles del hogar, desde las 5 de la mañana, que se levantan, hasta las 12 de la noche, que se acuestan. (…) Le aportan al producto interno bruto, pero no tienen prestaciones sociales, no tienen salud ni un sueldo». Rosalba relataba cómo en muchas ocasiones esta labor se confunde con la de las trabajadoras del servicio doméstico; pero, a diferencia de las amas de casa, las trabajadoras del servicio doméstico sí tienen garantías como un sueldo, una prima avalada por el convenio 189 de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); prestaciones en salud, pensiones, caja de compensación, etc. De ahí la importancia de que el Plan Nacional de Desarrollo en Salud del actual gobierno de Gustavo Petro incluyese la economía del cuidado en sus reformas, a fin de buscar que el trabajo doméstico no remunerado alcance un mínimo reconocimiento que, junto a la formalización laboral, ayudaría a disminuir un poco más la brecha de género.
Lo mismo ocurría con la última reforma pensional que, además de fortalecer lo público, buscaba reconocer las cotizaciones y, con ello, garantizar que una persona que cotizase, por ejemplo, 500 semanas y no pudiese llegar al mínimo por tener que quedarse en casa a cuidar de un familiar, de sus hijos…, etc. tenga garantizado su derecho a una pensión. Un avance también apoyado con el reconocimiento de 50 semanas extra de cotización para las mujeres por cada hijo o hija tenida, hasta un máximo de tres veces; o con el «bono pensionista», conocido como «pesos de solidaridad», para garantizar el acceso a las pensiones para todas las personas. «Hay personas que no tienen derecho a nada, no tienen ni para tomarse un quinto», bromeaba Rosalba y aplaudía: «Esto beneficia a este sector que está totalmente sin ninguna prestación social ni pensión. (…) Es un cambio que nunca nadie hubiera pensado».
Todas estas reformas también llegaron al sistema de salud con la intención de publificar las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Las EPS son entidades que, gracias al dinero público que el Gobierno reparte desde la bolsa común ADRES, se encargan de cubrir toda la zona hospitalaria: medicamentos, cirugías, transportistas, celadores, enfermeras…, e, incluso, de construir hospitales. El problema surge con cómo se gestiona ese dinero. «Lo ideal sería que no hubiese intermediarios, porque ha habido muchos niveles raros de corrupción», lamentaba Rosalba y añadía: «Resultó que, al no tener el intermediario un buen manejo de la plata de esa EPS, en la intermediación desapareció mucha. Hubo comisión, cobros… y, entonces, muchas Entidades Promotoras de Salud empezaron a quebrar». La reforma, sin embargo, no buscaba pagar la quiebra con los promotores, sino corregir y revisar ciertos comportamientos y manejos del dinero a fin de mejorar los servicios. «Buscaba prevención, que la salud llegase a todos los usuarios, en la avenida, el colegio, la ciudad…, pagar directamente sin intermediarios, pero eso no ocurrió», relataba Rosalba.
Sumado a todo ello, la CUT está también muy inmersa en los procesos de paz que, desde el año 84, atraviesa Colombia. En concreto, han sido 12 con varios actores armados. Tales como el M-19, (Movimiento del 19 de abril), una organización guerrillera urbana que surgió tras las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970; el acuerdo con el Ejercicio de Popularidad de Liberación (EPL); o la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, con la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Organización que, tras la firma, se convertiría en un grupo político; y en cuyo acuerdo destacó la introducción de planes para la tierra, los cultivos, la ciudadanía, la no violencia hacia las mujeres, etc. «Se hizo un gran trabajo de reparación, verdad y justicia. Todavía hoy mucha gente está buscando los huesitos de quienes desaparecieron… Hoy en día, muchos paramilitares, que en esa época mataron tanto, van en busca de las fosas comunes. Es muy triste esto», recordaba Rosalba. Afortunadamente, los procesos de paz no quedaron ahí y, actualmente, uno nuevo se está dialogando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un proceso que comenzó, sin mucho éxito, en La Habana (Cuba), México… y, ahora, continúa en Colombia. Este destaca por el proceso de «formación, capacitación y participación» de la población civil en estas regiones, que, lejos de limitar las negociaciones a las armas, buscan negociar a favor de la educación, la salud, la justicia social, el empleo o el trato digno a las mujeres.
Finalmente, la realidad que podemos observar es que Colombia está sumergida en un gran proceso de cambios que pretenden caminar hacia la justicia social. Cambios en educación, salud, vivienda, comida, buen trato en el trabajo, trabajo decente, buen servicio…, o sobre el campesino y la recuperación de sus tierras. Cambios que, a pesar de centrarse en su localidad, necesitan de la solidaridad internacional. «Protestas ante las embajadas de Colombia, movilizaciones, apoyos… Eso es la solidaridad internacional. Los mensajes que llegan, los paros…, todo tipo de apoyo solidario es bienvenido y es lo que hace la unión internacional», aseguraba Rosalba, quien, en su intensa búsqueda de la paz, tampoco dejaba a un lado «el peligroso ataque a la democracia» que muchos Gobiernos, como el de Italia o el de Argentina con Miley, están atravesando a raíz de la llegada de la extrema derecha. «No puede ser que haya más Miley en el mundo. Tenemos que unirnos, buscar fortaleza, porque en un mundo globalizado no podemos dejar que la gente de ideas y de propuestas quede relegada y arrinconada por la derecha», sentenciaba ella.
