Por DavidBM
Bilbao, 28 de octubre de 2025 – En una nueva movilización del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria que tuvo lugar ayer lunes en Bilbao, la campaña en defensa de unas pensiones dignas dio un paso más ante el Gobierno vasco y el Estado. Las intervenciones de Arantza Urkaregi e Iñaki Olea Cruz marcaron el tono de una protesta que combina descontento, exigencia y voluntad de persistir.
Urkaregi dirigió las primeras palabras a los partidos que sustentan el Ejecutivo vasco -Eusko Alderdi Jeltzalea (PNV) y Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)- al afirmar que “ni nos rendimos, ni pasamos página” tras el veto de éstos a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclamaba equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque el Parlamento Vasco rechazó llevar al Pleno la tramitación de dicha ILP, el colectivo ha logrado que su debate se traslade a dos comisiones parlamentarias. Urkaregi enfatizó que la lucha es “tan imprescindible como urgente” para garantizar ingresos mínimos dignos a personas mayores, muchos de ellos mujeres que no llegan a fin de mes.
Además, anunció una próxima gran movilización para el 18 de diciembre en Gasteiz, coincidiendo con el debate de los presupuestos de 2026, y adelantó la celebración de la V Asamblea de Mujeres Pensionistas el 21 de noviembre, con el objetivo de articular acciones específicas junto al movimiento feminista.
Posteriormente, Iñaki Olea Cruz, en representación de ASJUBI40, denunció que, a nivel estatal, permanece bloqueada la proposición de ley registrada hace 17 meses en el Congreso de los Diputados para eliminar los coeficientes reductores que penalizan de por vida la pensión de quienes han cotizado más de 40 años. Mientras en el Parlamento Europeo el Comité de Peticiones aprobó solicitar un informe a la Comisión y enviar una carta al Gobierno español, el PSOE se abstuvo de participar: “la denuncia sigue adelante”, afirmó Olea. Hizo hincapié en la discriminación hacia este colectivo, cifrando en más de 900.000 familias afectadas.
En un contexto más amplio, el Movimiento de Pensionistas denunció que más de 145.000 firmas avalan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y acusó al Ejecutivo vasco de haber emitido un informe desfavorable que califican de “doble engaño”. Según señalaron, el veto de PNV y PSE-EE no sólo impide el debate parlamentario, sino que contradice los discursos oficiales sobre participación ciudadana y transparencia institucional.
La jornada de ayer en Bilbao volvió a evidenciar que la presión sobre PNV y PSE-EE se intensifica. Y aunque la ILP no se tramitó con los votos necesarios, la estrategia del movimiento busca ahora ganar terreno en comisiones, agendar fechas para nuevas protestas y visibilizar que la crisis de las pensiones es también una cuestión de género y de conciliación: las mujeres, mayoritarias entre quienes cobran las pensiones más bajas, protagonizan cada vez más esta reclamación.
La concentración se enmarca en un ciclo de movilizaciones que continuará de aquí a la aprobación del presupuesto vasco y que, sumado al trabajo estatal de asociaciones como ASJUBI40, sugiere que la negociación por las pensiones seguirá siendo uno de los frentes sociales de referencia en Euskadi y en el Estado español.
