Por Laura Fontalba
El colectivo Zoroa celebró el sábado el Orgullo Loco recorriendo las calles de Bilbao para reivindicar que se ponga fin al negocio de la salud mental y demandar que se garanticen los derechos que actualmente se vulneran en las áreas de psiquiatría y psicología.
Desde el colectivo denunciaron que los gabinetes de psiquiatría y psicología se dedican a ampliar sus beneficios con la ayuda de grande empresas como las farmacéuticas que se aprovechan de la situación para suministrarles cada vez más «drogas psiquiátricas». Todo ello, sin que la persona afectada tenga derecho a decidir lo que quiere. Según aseguraron, cuando un psiquiatra establece las etiquetas de «loca» o «enferma», automáticamente, tiene el poder de encerrar a la persona diagnosticada en un centro psiquiátrico contra su voluntad. Y, una vez dentro, también sin consentimiento, puede obligar a esta a consumir distintas drogas, practicarle electroshocks y maltratarla ejerciendo el «poder de macho y poder del psiquiatra». Ante esta situación, desde el colectivo alarmaron que, según la revista de Psiquiatría y Salud Mental – Journal of Psychiatry and Mental Health, Euskadi es la comunidad autónoma en la que más se aplica la terapia electroconvulsiva, con una tasa del 1,9 por cada 10.000 habitantes.
Por todo ello, el sábado demandaron que se respetasen sus derechos fundamentales, como lo son el derecho a la integridad física y moral. Exigieron que se deje de atar a los pacientes a las camas, que se prohiba el suministro de drogas psiquiátricas a la fuerza y que puedan decidir sobre sus cuerpos y vidas. Para ello, reivindicaron el «fin de las contenciones mecánicas y farmacológicas, de los ingresos involuntarios y de los aislamientos».
Asimismo, desde Zoroa, se denunció que el actual «modelo biologicista» presupone daños orgánicos sin pruebas certificadas, lo que provoca efectos secundarios sobre el paciente. Así como la patologización de la infancia y la adolescencia, y su consecuente psiquiatrización. En la misma línea, denunciaron que se patologicen la orientación sexual o la identidad de género, y que se utilicen cuestiones de raza, clase o género para potenciar el «maltrato, aislamiento y malestar personal». En la misma línea, denunciaron que la precariedad cronifique su sufrimiento y marginalidad. «El 84% de las personas psiquiatrizadas nos encontramos en situación de desempleo, lo que nos lleva a la pobreza y exclusión. (…) Las pensiones que algunas de nosotras recibimos por nuestra condición son insuficientes obligándonos a depender de nuestras familias», explicaron.
Finalmente, exigieron que la salud mental sea una «prioridad política». Demandaron que se crean sus palabras, que el sistema les proteja y les ofrezca la oportunidad de volver a tener control sobre sus derechos y la garantía de recibir un trato digno: «Os pedimos nos ayudéis a frenar esta violencia y seáis un soporte ante el precipicio económico que supone vivir al margen».
