Ha pasado casi un mes desde que Colombia está sumida en la tragedia. El pasado 28 de abril el pueblo colombiano salió masivamente a las calles respondiendo a la llamada de paro nacional por la paz, la vida y la democracia y contra una brutal reforma tributaría que pretendía llevar a cabo el gobierno de Iván Duque.
A la falta de cumplimiento y desarrollo de los acuerdos de paz, se suman la gestión de la pandemia, derivando en una crisis sanitaria sin precedentes, además de una crisis económica y social que venía desde hacía mucho tiempo acumulando factores que han hecho que ahora Colombia tenga más del 40% de tasa de pobreza (21 millones de personas), según estadísticas oficiales, generando una brutal recesión económica.
Desde el pasado 28 de abril, la feroz represión y violencia policial y militar se han extendido por todo el país. Alrededor de 50 personas han sido asesinadas, de las cuales 40 han sido por violencia policial, se han producido más de 1.000 detenciones arbitrarias, 278 agresiones físicas, 23 denuncias por violencia sexual por parte de policías o militares, más de 100 casos de violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBI, y alrededor de 600 personas desaparecidas, según datos de la defensoría del pueblo, además de casi 2.000 episodios de brutal violencia policial. Se ha desarrollado una masiva y sistemática violación de los derechos humanos en todo el país, pero particularmente en la ciudad de Cali.
Ante esta brutal situación, una delegación de la CIDH ha intentado viajar al país para conocer de primera mano la situación ya que según han afirmado en un comunicado, están muy preocupados por la represión de la protesta social y la criminalización en el país. El propio gobierno de Colombia les ha negado la visita, la última vez, ayer mismo. Esta negación supone a la vez asumir de manera automática que se vulneran los derechos humanos en el país.
La OEA también ha mostrado su disposición de viajar a conocer de primera mano lo que acontece en el país pero tampoco han recibido el permiso para ingresar en el territorio colombiano.
Una delegación de observación de derechos humanos procedente de Argentina ha sido devuelta por los servicios de Migración del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Ante esta situación, desde las colectividades colombianas presentes en Europa:
– Manifestamos nuestra preocupación por la negativa del Gobierno colombiano de permitir el ingreso a una delegación de observación en materia de Derechos Humanos, que les permita conocer de primera mano la situación actual en el país, y redactar un informe independiente que sirva a otros organismos internacionales como Naciones Unidas para establecer medidas hacia el gobierno colombiano por vulnerar múltiples tratados y derechos internacionales en materia de derechos humanos.
– Instamos a las diferentes instancias internacionales a solicitar a las misiones diplomáticas, incidir para que el gobierno colombiano cese en el uso de la violencia indiscriminada contra la población civil.
– El presente comunicado será enviado al Parlamento Europeo, a Naciones Unidas, a la embajada colombiana en los distintos países europeos, y a las estancias consideradas oportunas para tener en cuenta la voluntad de la diáspora colombiana en Europa.
Por Asocolvas y Ahislama
