Por Laura Fontalba
Esta mañana, Batu Elkarlaguntza Sarea (Red de Apoyo Mutuo Batu) y Galdakaoko Etxebizitza Sindikatua (Sindicato de Vivienda de Galdakao) se han concentrado dentro de una de las sucursales del Banco Santander, ubicada en Jado Plaza de Bilbao, para denunciar su responsabilidad ante los desahucios de dos familias con menores en Basauri y Galdakao, que tendrán lugar los próximos meses.
Durante semanas, ambas asociaciones han solicitado una reunión con Patricia Arias, Directora territorial de Banco Santander en el País Vasco, para dialogar y encontrar medidas que eviten los desahucios de estas dos familias. Sin embargo, a pesar de su insistencia y de que Eduardo Sierra Molina, Director de la sucursal de la entidad en Galdakao, y Gorka Olagorta, Director de la sucursal de Basauri, prometían consultar la cuestión con la Dirección Territorial del Banco Santander en el País Vasco, aún no se ha dado posibilidad al diálogo. En su lugar, la entidad ha dejado la responsabilidad sobre su socio, el fondo de inversión Cerberus Capital Management; que se muestra totalmente convencido de ejecutar los desahucios.
La movilización de hoy ha surgido como respuesta a esta situación. Batu y el Sindicato de Vivienda pretendían acceder al Banco Santander para entregar una carta a Patricia Arias en la que dejan claras sus premisas y reivindicaciones. En ella, las asociaciones han demandado una reunión con Arias o algún otro cargo habilitado para establecer un diálogo en el que plantear, valorar y, si es necesario, reformular, las distintas propuestas. «Se hace cada vez más urgente encontrar un espacio de diálogo entre la entidad y las asociaciones firmantes en el que podamos exponer cuál es la situación y, desde la sensibilidad de las dos partes, plantear medidas que puedan prevenir estos dos desahucios, para los que no existen alternativas habitacionales», han explicado en su carta; en la que también han señalado las acciones concretas que el Banco Santander podría llevar a cabo:
- Solicitar, a través de los organismos rectores de la sociedad ejecutante de cuya administración son parte consejeros nombrados por parte del Banco Santander. Una suspensión del procedimiento judicial que evite la ejecución de estos desahucios y permita buscar soluciones alternativas.
- Solicitar, por los mismos cauces, el estudio de un alquiler social para las familias que habitan las viviendas de la sociedad ejecutante. Habida cuenta que esta nació con un volumen de 26.000 inmuebles, la formalización de dos alquileres es, sin duda, algo que no pone en riesgo la actividad financiera de la misma.
- El estudio, por parte del Banco Santander, de un realojo de las familas -con un marco temporal a convenir- en una vivienda de titularidad del Banco Santander o de su grupo empresarial, siendo que existen numerosas viviendas vacías en nuestro territorio en el que podría estudiarse esta opción. Si el fondo de inversión se niega a encontrar una solución, el Banco Santander es libre y dispone de solvencia más que acreditada para que una solución de este tipo no afecte lo más mínimo a sus beneficios anuales, mientras que evitará la ejecución de dos desahucios de estas dos familias.
Por medio del escrito, las asociaciones firmantes tratan de buscar una solución apta para todas las partes, pues, a pesar de tener enfoques diferentes, confían en que ninguna desea que ambas familias acaben en la calle. Sin embargo, por el momento, ante la falta de respuesta del Banco Santander y como acto de protesta hacia los hechos, ambas asociaciones, acompañadas por Olentzero y Mari Domingui, han dejado carbón dentro de la sucursal como «regalo» por su complicidad.
