Por David BM
Este 18 de julio, la Plaza Unamuno de Bilbao se convirtió en altavoz de denuncia y solidaridad. El Comité de Solidaridad con El Salvador en Euskal Herria reunió a decenas de personas para condenar la escalada autoritaria en el país centroamericano y exigir la libertad de quienes defienden los derechos humanos.
Bilbao no fue esta tarde una ciudad ajena al dolor ajeno. Bajo el lema “Porque el silencio no es una opción, porque nos duele El Salvador”, salvadoreñas residentes en Euskal Herria y activistas vascos se congregaron en la céntrica Plaza Unamuno para lanzar un mensaje claro: no hay democracia posible sin derechos humanos.
La concentración, convocada por el Comité de solidaridad de salvadoreñas y salvadoreños en Euskal Herria contra la dictadura de Bukele, puso en el foco la criminalización de más de 86.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022. “Una crisis carcelaria sin precedentes”, denunciaron las organizadoras, que han documentado torturas, muertes bajo custodia, tratos inhumanos y procesos sin garantías.
Entre las personas represaliadas, mencionaron a activistas como Ruth López, Fidel Zabala o José Ángel Pérez, encarcelados por denunciar la corrupción gubernamental, el saqueo medioambiental y las violaciones de derechos humanos en comunidades rurales. “Son presas y presos políticos, y no están solos”, subrayaron. Desde Euskal Herria, la consigna fue clara: solidaridad sin fronteras y exigencia de libertad inmediata.
Pero la crítica fue más allá del encarcelamiento masivo. Las portavoces denunciaron también la deriva autoritaria del gobierno salvadoreño, que ha concentrado los tres poderes del Estado y militarizado la vida civil. “Esto rompe con los Acuerdos de Paz y legitima el uso del ejército como instrumento de represión interna”, afirmaron, alertando de la erosión democrática más grave desde el fin del conflicto armado.
Además, la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros fue descrita como una herramienta legal para asfixiar a las organizaciones sociales que reciben cooperación internacional. “No se trata solo de sanciones económicas: esta ley permite cerrar ONG y castigar a quienes denuncian los abusos del gobierno”, denunciaron.
La convocatoria concluyó con un llamado a seguir alzando la voz desde Euskal Herria y a mantener la solidaridad con quienes sufren persecución o han tenido que huir del país. “Nos concentraremos todas las veces que haga falta. No dejaremos a nadie atrás”, dijeron entre aplausos.
